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"En el caso Micaela la responsabilidad del Estado es notoria y directa: el Estado fracasó en su función preventiva”, afirmó la diputada nacional del Frente Renovador, Mónica Litza, al referirse al asesinato de la joven Micaela Garcia, tras ser asesinada.

“Lo que pasó es gravísimo y tiene dos responsables claros: el poder político y el poder Judicial. Por un lado, la responsabilidad del juez Carlos Rossi, que habría desatendido un informe del Servicio Penitenciario de Entre Ríos que desaconsejaba el beneficio de la libertad condicional para Sebastián Wagner. Y, por otro lado, del poder político, que no avanza en la sanción de leyes que regulan esta problemática y que, de haberse tratado a tiempo, podrían haber evitado muertes como la de Micaela”.

En ese sentido, la diputada, e integrante de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja, explicó: “El año pasado, desde el bloque del Frente Renovador, logramos votar en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de mi autoría que limita los beneficios a los condenados por este tipo de delitos sexuales. Allí se prevé el cumplimiento íntegro de la pena en encierro y, paralelamente, se limita la discrecionalidad de los Jueces para otorgar beneficios".

Y agregó: "Lamento que el Presidente haya ordenado a sus senadores dedicarse a la campaña electoral y vaciar la agenda legislativa.Es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo ordenar a sus senadores para que avancen en los temas sensibles que nos llevaron mucho trabajo sancionar en la Cámara de Diputados. El Senado no mostró ninguna señal de querer dar sanción definitiva a ese proyecto, y tampoco al que reconoce y amplía los derechos de las víctimas en el proceso penal, presentando también por el Frente Renovador, que se encuentra en el mismo estado parlamentario”.

Sobre la política criminal del Gobierno Nacional, Litza señaló que “como en todas las áreas, el Gobierno va detrás de los hechos. Nunca se adelanta. La política criminal no es la excepción. El flagelo de la violencia de género y los delitos de contenido sexual, por ejemplo, deben ser abordados desde los tres poderes del Estado con absoluta seriedad,  compromiso y con una mirada integral. Es ingenuo suponer que una ley pueda cambiar algo si luego los jueces la aplican a su gusto o el Poder Ejecutivo no destina fondos para la implementación de programas de educación, asistencia y contención”.

Por último, reflexionó: “Es muy difícil hacer un análisis objetivo cuando el hecho es reciente y tan conmocionante. Pero, por los elementos que conocemos hasta ahora, no podemos dejar de señalar que se trata de un crimen que se podía haber evitado. El presunto homicida tenía que estar preso y cumplir su condena íntegramente en la cárcel, sin ningún beneficio”.

Y concluyó: "Este gobierno prometió trabajar durante el año electoral. Sin embargo, lo único que vemos son timbreos y campañas mediáticas que intentan polarizar con el pasado para tratar de sacar ventajas electorales, desatendiendo los problemas del presente. Están haciendo todo lo contrario a lo que prometieron. Espero que este crimen, que nos duele profundamente a todos, los obligue a reflexionar y pedir la sanción urgente y definitiva de los proyecto de víctimas y de prohibición de beneficios a los delincuentes sexuales, sin caer en oportunismos electorales”.

 

 

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