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El Senado de la provincia de Buenos Aires convalido en forma unánime, en la primera sesión ordinaria del periodo 2017, una significativa reducción de la alícuota de los Ingresos Brutos a los servicios de préstamos hipotecarios.

El gravamen en cuestión se disminuye del ocho por ciento (8%) al uno con cinco por ciento (1,5%), con el objeto de facilitar la adquisición de una vivienda única de permanencia para todos los sectores sociales.

La iniciativa fue remitida desde el Ejecutivo a la Legislatura y recuerda en sus fundamentos que la Constitución local, en su artículo 36, establece que la Provincia promoverá la eliminación de cualquier impedimento del orden social y económico que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, además de promover la disponibilidad a la vivienda única y la constitución del asiento del hogar como bien de familia.

Al tratar el expediente, el presidente del bloque de Cambiemos, Roberto Costa,  explicó ante sus pares los alcances de la medida al remarcar que “contribuirá a la mejora de las condiciones de acceso a la vivienda digna a numerosas familias de la Provincia de Buenos Aires”.

“El trabajo en comisión de todos los bloques permitió que agregáramos un artículos, donde se deja en claro que esto beneficiará a los tomadores de préstamos hipotecarios y no a los bancos. Por eso es que este proyecto que envío el Ejecutivo ahora se de todos”, completó el titular de la bancada oficialista.

El Cuerpo también dió media sanción a la prohibición de incluir en las placas inaugurales o de identificación de obras y servicios públicos, el nombre o sobrenombre e imagen del Gobernador o funcionario público que participe en la ejecución de la misma. La norma, que tuvo como autores al vicepresidente de la Cámara, Carlos Fernández, y a los senadores Andrés de Leo (Cambiemos) y Gabriel Pampín (Frente Renovador), fue acompañada por todas las bancadas políticas.

Durante la asamblea también se aprobó una iniciativa del legislador del FpV-PJ Federico Susbieles que solicita la creación de un régimen provincial de protección, promoción y regularización de los clubes de barrio de la provincia de Buenos Aires.  

Uno de los temas que mayor debate suscitó en el recinto fue el repudio ante la agresión física sufrida por el fiscal de delitos complejos del Departamento Judicial de Azul.

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