La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, denunció este miércoles por la mañana una serie de allanamientos a domicilios particulares y al edificio municipal, en el marco de una causa que involucra a la dirigente Alessia, detenida desde hace una semana en el penal de Ezeiza por un hecho menor: la colocación de un pasacalle y excremento en la puerta del diputado José Luis Espert.

A través de un fuerte posteo en su cuenta de X (ex Twitter), Mayra responsabilizó directamente a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado por los operativos, que comenzaron durante la madrugada y continuaban al momento de la publicación.

“Por pedido de Arroyo Salgado, durante esta madrugada allanaron, y siguen ahora, varios domicilios particulares, más el Municipio de Quilmes. Tienen incomunicada a Eva Mieri desde hace más de tres horas. Todo completamente ilegal y antidemocrático”, afirmó la jefa comunal, al tiempo que aseguró que la causa judicial “no es una investigación, es una persecución a la militancia política”.

En su mensaje, Mendoza cuestionó duramente a Espert —quien había sido objeto del pasacalle que derivó en la detención de Alessia— y lo acusó de utilizar la justicia para amedrentar a militantes: “No es justicia: es impunidad para la mafia. No es delito: es meter miedo y paralizar”, expresó. Y cerró con un mensaje directo al diputado: “Espert, dejá en paz a las pibas, sos un verdadero cagón. Si tan macho sos, si tanto te la bancás, ¡nos vemos en las urnas!”.

La causa judicial que motiva estos operativos comenzó luego de que se denunciara la colocación de un cartel y restos de excremento frente al domicilio del legislador libertario. Aunque el hecho fue catalogado como una contravención menor, la dirigente involucrada permanece detenida desde hace una semana, lo que ya había generado reclamos por parte de organizaciones sociales y políticas.

Desde el entorno de Mayra aseguran que los procedimientos judiciales son “desproporcionados” y tienen como objetivo disciplinar a quienes expresan su disconformidad con el rumbo político y económico del país.

Hasta el momento, no hubo pronunciamiento oficial por parte del Juzgado Federal a cargo de Arroyo Salgado ni de las autoridades de Seguridad involucradas en el operativo.