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La Corte Suprema de Justicia Nacional fijo para el próximo 7 de noviembre una audiencia en la que se discutirá el planteo de la compañía Farmacity para poder desembarcar en territorio bonaerense.

La convocatoria fue firmada por Ricaredo Lorenzetti antes de dejar la presidencia del cuerpo.

El expediente está caratulado "Farmacity S.A. c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/pretensión anulatoria - recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con fecha 18 de septiembre de 2018.

El conflicto de Farmacity con la provincia comenzó en 2010 cuando la empresa buscó abrir una sucursal en Pilar. El ministerio de salud bonaerense le denegó tanto la solicitud genérica para operar dentro del ámbito provincial como la habilitación de dicho local.

La provincia se basó en el artículo 14 de la ley provincial 10.606 que, al enumerar las personas que pueden ser autorizadas a instalar farmacias, no incluye a las sociedades anónimas, en pos de contemplar a la actividad como un servicio público.

Farmacity, comandada en ese entonces por Mario Quintana (ex funcionario nacional), decidió judicializar la medida. La justicia en lo contencioso administrativo de La Plata, sin embargo, rechazó la demanda de la empresa y sostuvo la postura del gobierno provincial. Alegó que la administración provincial posee atribuciones para regular y controlar la actividad farmacéutica y contempló la preservación del ejercicio de la profesión de farmacéutico, quien tiene responsabilidad frente a terceros. La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires confirmó esa sentencia.

Disconforme con esos fallos, Farmacity impuso un recurso en queja ante la Corte Suprema de la Nación por considerar que la ley provincial 10.606 es inconstitucional dado que, en opinión de la empresa, vulnera el régimen de la libre competencia previsto en la carta magna.

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