seccionales

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció hacinamiento, sobrepoblación y torturas en la Comisaría Primera de Florencio Varela, dependencia policial que tiene casi una decena de resoluciones judiciales incumplidas de prohibición para alojar.

“El comisario Alejandro Viscelli y el titular de la Jefatura Distrital, Ramón Rodríguez, quisieron impedir el trabajo de monitoreo de la CPM”, denunció el organismo provincial que, luego de la inspección, presentó un “habeas corpus” en los Tribunales penales de Quilmes solicitando el resguardo físico de los detenidos en la Seccional Primera de Varela, su inmediato traslado a dependencias policiales habilitadas para alojar personas y la clausura de la comisaría ubicada en Avenida San Martín N°425 entre Ayacucho y Jorge Newbery.  

Además, la CPM envío un informe preliminar para notificar la situación al Comité Nacional de Prevención de la Tortura, y denunció que las autoridades policiales quisieron impedir el trabajo de monitoreo que el organismo realiza, desde hace más de 15 años, en su carácter de mecanismo preexistente en la provincia de Buenos Aires.

 

UNA SECCIONAL QUE NO DEBíA ALOJAR DETENIDOS, CON “CUPO” PARA 18 TENíA 42

Según se explicó desde la Comisión por la Memoria, el jueves de la semana pasada, los detenidos en la Primera de Varela realizaron una protesta para pedir mejores condiciones de alojamiento y el traslado a otras dependencias. “El día de la protesta, había 42 detenidos a pesar de que la dependencia policial está clausurada judicialmente para este fin. En el registro de la Corte bonaerense hay ocho resoluciones judiciales en las que se decide el traslado de las personas privadas de la libertad de esa seccional. En la última, de junio del año pasado, el Tribunal Criminal 2 de Quilmes había ordenado, en el marco de un ‘habeas corpus’, la clausura de la Comisaría. Antes de las clausuras, la Policía había establecido un cupo para 18 personas, aunque en el lugar no había camastros y la gente dormía en el piso”.

 

EL INGRESO DEL GRUPO ANTIMOTINES

El jueves 12 de septiembre último, los detenidos iniciaron un pequeño fuego con un pedazo de colchón que rápidamente fue extinguido por los Bomberos. “Luego de ese conflicto, según denunció la CPM, el comisario de la seccional solicitó el ingreso del grupo antimotines, que golpeó y trasladó a los 7 detenidos que iniciaron la protesta. Las restantes 35 personas alojadas en la dependencia también fueron víctimas de amenazas y golpes”, aseguraron.

Asimismo, señalaron que “quienes continuaban alojadas allí lo hacían en condiciones inhumanas de hacinamiento extremo, sin duchas y con sólo una letrina en cada sector. No accedían a la luz natural ni patio; tampoco accedían a comunicaciones telefónicas. Algunos detenidos denunciaron que llevaban más de tres meses reclamando a los guardias una comunicación con su defensor oficial”.

“HABEAS CORPUS”, CLAUSURA Y PEDIDO DE INVESTIGACIóN

Luego de la inspección, la CPM presentó un “habeas corpus” en los Tribunales penales de Quilmes, solicitando el resguardo físico de los detenidos en la Comisaría Primera de Varela, su inmediato traslado a comisarías habilitadas para alojar personas y la clausura efectiva de la dependencia policial.

En paralelo, la Comisión por la Memoria realizó una denuncia penal para que se investiguen los golpes y amenazas ejercidas sobre las personas detenidas por la Policía, y el accionar de las autoridades policiales que buscaron impedir el monitoreo del organismo.

Según la CPM los calabozos de la comisaría 1ª de Varela tiene dos sectores que cuentan con tres celdas; un sector tiene dos calabozos contiguos: uno de 2,20 por 2 metros aproximadamente, otro de 3 por 3 metros y un espacio común de 2 por 2 metros en los que se alojaban 19 personas. El otro sector tiene un calabozo de 6 por 3 metros donde permanecían otras 16 personas.

 

COMENTARIOS

No han dejado comentarios

Escriba su comentario

Nombre (*)
Email (*) (no será publicado)
Mensaje (*)



Código de Validación
(*) Datos obligatorios