Por el crimen de Lautaro Morello y la desaparición de Lucas Escalante, la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Quilmes, resolvió revocar la medida de prisión domiciliaria al ahora ex policía Sergio Enrique Argañaraz que estaba a cargo de la Comisaría Cuarta de Bosques, cuando desaparecieron los jóvenes el 9 de diciembre de 2022 en Florencio Varela. La medida de prisión domiciliaria la había ordenado el juez de Garantías Julián Busteros y fue apelada ante la Sala I por el fiscal a cargo de la investigación, Daniel Ichazo.

A partir de la resolución de los camaristas Patricia Patanella y Mario Daniel Caputo, de la Sala I, Argañaraz deberá cumplir la prisión preventiva en una unidad carcelaria.

A mediados de mayo pasado, el juez de Garantías de Florencio Varela, Julián Busteros, había dispuesto que el ex policía Argañaraz cumpliera la prisión preventiva con arresto domiciliario. Sin embargo, el fiscal Ichazo no compartió la resolución y apeló ante la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Quilmes, que ayer revocó el fallo del magistrado.

Argañaraz está acusado de encubrimiento en la investigación que se lleva adelante por la búsqueda de Lucas Escalante, quien desapareció en diciembre pasado junto a su amigo Lucas Morello, hallado asesinado en Guernica, hecho por el que se encuentran detenidos Cristian y Maximiliano Centurión, el hijo y el sobrino del exjefe de la Delegación Drogas Ilícitas de Quilmes, Francisco Centurión.

Argañaraz actuó en los primeros días de la investigación por la desaparición de los jóvenes y cometió, a juicio del juez Busteros, diversas irregularidades que afectaron la investigación.

«Es indudable el conocimiento de Argañaraz de las circunstancias que rodeaban el caso y su conducta omisiva, ya que ha dejado transcurrir tiempo valioso en el que se podría haber profundizado sobre los elementos probatorios que aportaban los familiares de Lucas Escalante», indica el fallo.

Por tal motivo, el magistrado a mediados de mayo, le dictó la prisión preventiva por «encubrimiento agravado por ser el delito precedentemente grave y por su condición de funcionario público en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público».

Si bien el juez rechazó su excarcelación, consideró suficiente mantenerlo detenido, pero bajo monitoreo electrónico en su domicilio, algo que el fiscal a cargo de la investigación no compartió, por lo que apeló el fallo ante la Cámara de Apelaciones y Garantías.