Un tribunal colegiado comenzó a juzgar el jueves pasado al exintendente de la localidad salteña de Aguaray Jorge Enrique Prado, y a otros nueve imputados, por el robo millonario de caños del Gasoducto del Noreste Argentino (NEA). 

Rossi, hijo de un conocido chatarrero de la zona sur del conurbano, está acusado de “encubrimiento agravado en calidad de autor”, y es el presidente de la empresa Comarfil. Matías José Rossi compró al menos 67 caños del GNEA. En un procedimiento que se realizó el 5 de junio de 2020, en un predio que tiene Comarfil en la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata en Quilmes (Buenos Aires), se secuestraron 52 tubos. Semanas después, en otro depósito de la firma, localizado en Berazategui, se recuperaron 15 caños más.

Según las facturas que presentó Rossi para justificar su adquisición, pagó por ellos $1.243.000. El empresario bonaerense afirmó que compró los caños de buena fe, pero su argumento se derrumbó por el solo hecho de que todos los tubos secuestrados tenían sus números de serie limados.  

EL JUICIO SE INICIO:

El juicio oral y público comenzó en la sede del Tribunal Oral Federal 2 de Salta (TOF2), presidido por Abel Fleming, y mediante videoconferencia se conectaron los imputados desde Tartagal, Aguaray y Mendoza.

Durante su exposición, Villalba consideró que en esta causa "el Estado saquea al Estado" y reveló el rol de cada uno de los imputados.

Además de Prado están acusados su exsecretario de Hacienda en el municipio, Fredy Céspedes, y el empresario Diego Alos, presidente de la empresa mendocina OSYP SA, imputados por fraude a la administración pública en calidad de autor, en concurso real con robo agravado de al menos 228 caños.

A ellos se suman el empresario Matías Rossi, presidente de la empresa Comarfil, acusado de encubrimiento agravado en calidad de autor; y Milton René Saavedra y Bruno Degoy, socios de la empresa MyP Servicios Especiales, con cargos de robo agravado en calidad de partícipes necesarios de al menos 161 caños.

En tanto, Dante Oscar Rodríguez llegó al juicio acusado de robo agravado en calidad de autor de al menos 14 caños; Adrián Antonio Vera, por fraude a la administración pública en concurso real con robo agravado de 160 caños, y Cristian Marcelo Buczeck, como autor de robo agravado, igual que Andrés Ayala.

Según el Ministerio Público Fiscal, la intención de los imputados apuntaba al apoderamiento de caños por un tramo de 35 kilómetros del Gasoducto del NEA, que atraviesa la localidad de Aguaray y parajes vecinos, y la investigación permitió recuperar más de 250, secuestrados en la zona y en Buenos Aires (Quilmes y Berazategui).

De la investigación tomaron parte, además de Villalba, los fiscales José Luis Bruno y Marcos Romero, de las sedes descentralizadas de Orán y Tartagal, respectivamente.

Durante la primera audiencia el abogado Sebastián Schmidt Dodds, representante de la empresa Ieasa, mayoritariamente estatal, adhirió a la acusación del fiscal y aseguró que el perjuicio al Estado nacional por el robo de los caños ronda los 5 millones de dólares.

"Se sustrajeron más de 600 caños y se recuperaron 250 aproximadamente, que no pueden ser reutilizados", destacó el letrado, quien sostuvo que cuando esta obra, valuada en U$D 2 mil millones, esté terminada, se van a beneficiar "1.700.000 habitantes del noreste argentino".

Tras el alegato de apertura de los defensores y la declaración de uno de los acusados, las fallas en el sistema de audio obligaron al tribunal a pasar a cuarto intermedio.