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La CPM intervino a partir de que tomó conocimiento de un hecho de violencia sexual de parte de un profesional de la clínica contra una mujer allí alojada.

En los Tribunales penales de Quilmes, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció a una clínica de psicopatología ubicada en Villa La Florida en San Francisco Solano por un presunto hecho de violencia sexual y además presentó otra denuncia contra la institución en cuestión, debido a que un Juzgado de Familia rechazó un hábeas corpus que habían presentado.

La clínica de psicopatología “Phsiquis”, donde residen personas que buscan aliviar alteraciones o enfermedades mentales, ubicada sobre la calle 881 en Villa La Florida, fue denunciada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura, ya que “detectó vulneraciones a los derechos de las personas allí alojadas”. El organismo refiere hechos de torturas, malos tratos y violencia sexual.

Luego de inspeccionar la clínica mencionada, la CPM presentó un hábeas corpus colectivo en el Juzgado de Familia Nº4 de Quilmes, a cargo de la jueza Carolina Stein.

La CPM intervino a partir de que tomó conocimiento de un hecho de violencia sexual de parte de un profesional de la clínica contra una mujer allí alojada.

En el lugar, la CPM “realizó un monitoreo integral en el que se relevaron vulneraciones de derechos e irregularidades: torturas, malos tratos, violencia física, verbal y psicológica, situaciones de violencia sexual, falta de atención médica clínica, personal insuficiente, ausencia de abordaje para personas con discapacidad, internaciones por cuestiones sociales y condiciones materiales irregulares y riesgosas”.

Ante esta situación, la CPM interpuso una acción de habeas corpus colectivo ante el Juzgado de Familia Nº4 de Quilmes a favor de las personas allí alojadas, “pero fue rechazada a partir de un informe interdisciplinario poco riguroso del equipo técnico del juzgado”, denunciaron.

De acuerdo a lo que se informó, en el trámite de ese habeas también se notificó a los organismos estatales responsables de abordar la complejidad de la situación, entre ellos a la Dirección de registro y habilitación sanitaria del Ministerio de Salud: “El Departamento de Fiscalización remitió el acta de la última fiscalización realizada en el mes de agosto en la que da cuenta de falencias administrativas, infracciones edilicias y varias de las cuestiones denunciadas por la CPM. Según informó el órgano de fiscalización, mantuvieron entrevistas con personas alojadas que afirmaron haber visto y/o ser víctimas de torturas y malos tratos: encierro, aplicación de medicación inyectable sin criterio terapéutico. Asimismo registró malas condiciones de aseo y limpieza, falta de mantenimiento del lugar, sanitarios incompletos y el insuficiente stock de alimentos, entre otras cuestiones. A pesar de la gravedad de lo relevado, los fiscalizadores sólo se limitaron a dialogar con las autoridades”, se indicó desde la CPM.

“En base al acta de fiscalización, considerando que los funcionarios públicos no habían iniciado la denuncia correspondiente por los hechos denunciados, la CPM presentó una denuncia penal ante la UFIJ Nº 5 de Quilmes en la que se retomó además lo denunciado en el habeas corpus rechazado. En paralelo a esta causa, tramita la investigación penal por el hecho de violencia sexual que originó la inspección de la CPM”, se comunicó.

 

 

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