causa

La Cámara Federal porteña confirmó ayer el procesamiento de 47 intendentes y ex intendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública, a través de un programa de gestión de residuos urbanos (PMGIRSU), informar

La decisión judicial incluye al ex intendente de Quilmes, Francisco «Barba» Gutiérrez. En el escrito de la Cámara Federal se especifica que a Gutiérrez se le confirmó el procesamiento debido a que el dinero destinado a la construcción de una planta de tratamiento de basura fue invertido en un plazo fijo y nunca se concretó la iniciativa.

Se menciona que la administración de Gutiérrez recibió en abril de 2013 unos $10.588.780 (unos 2 millones de dólares en esa época).

En el mismo fallo, el Tribunal de Apelaciones dispuso la falta de mérito de 42 intendentes imputados y sobreseyó a otros dos, según indicaron las fuentes consultadas en los Tribunales Federales de Comodoro Py.

Se trata de una causa por la que ya estaban confirmados los procesamientos de los ex jefes del Gabinete kirchneristas Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, dado que eran los responsables políticos del manejo del programa entre 2013 y 2015.

La maniobra «apuntó al empleo del marco legal de los PMGIRSU para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo de las políticas ambientales estatales», indicaron los jueces de la Sala I de la Cámara Federal.

Entre los procesamientos confirmados se encuentran el del ex intendente de Quilmes, Francisco «Barba» Gutiérrez, y el del intendente de San Antonio de Areco, Francisco «Paco» Durañona, en tanto el procesamiento del ex intendente de Campo Largo y actual vicegobernador de Chaco, Daniel Capitanich, quedó firme porque se le tuvo por desistido el recurso de apelación.

En febrero pasado, el juez Claudio Bonadio había dispuesto el procesamiento de 92 intendentes pero la Cámara Federal sostuvo que para 42 de ellos no hay elementos contundentes por lo que corresponde seguir investigando.

Según el juez Bonadio, entre todos los acusados cometieron un fraude contra la administración pública entre los años 2013 y 2015 que habría superado los 600 millones de pesos.

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