La compañía ha solicitado el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA), un requisito indispensable para llevar a cabo sus actividades.

La firma ubicada en Quilmes Oeste tiene su sede sobre Avenida La Plata al 2.305 entre 12 de octubre y Triunvirato, se dedica al satinado de cristales, grabado de cristales, biselados de espejos y pintado de cristales, entre otros.

La Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental ha puesto a disposición de la comunidad toda la información necesaria para que puedan conocer en detalle el proyecto y emitir sus opiniones al respecto. Este proceso, que se extenderá hasta el 11 de septiembre, busca garantizar la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones que puedan afectar al ambiente.

¿CÓMO PARTICIPAR?

Los interesados podrán acceder a la información del proyecto y formular sus observaciones a través de la página web del Ministerio: https://participacionpublica.ambiente.gba.gob.ar/participacion/resumen/CRISTALES-ARTESANALES-SA.

Durante las próximas semanas, la comunidad tendrá la oportunidad de leer los detalles del proyecto y enviar sus comentarios, sugerencias o inquietudes.

¿QUÉ ES EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL?

El CAA es un documento que certifica que un proyecto o actividad cumple con la normativa ambiental vigente y que no generará impactos ambientales significativos. Para obtener este certificado, las empresas deben presentar un estudio de impacto ambiental y someterse a un proceso de evaluación por parte de la autoridad ambiental competente.

La participación pública es un derecho fundamental de los ciudadanos y un pilar fundamental para garantizar la protección del ambiente. A través de este mecanismo, los bonaerenses pueden expresar sus opiniones y preocupaciones sobre proyectos que puedan generar impactos ambientales significativos.

Como establece la Ley 11.723 y la Ley 12.475 de la provincia de Buenos Aires, así como la Ley 25.675 y la Ley 27.275 a nivel nacional, y el "Acuerdo de Escazú", el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales.