Se trata de la sobreviviente Lidia Papaleo, los familiares de desaparecidos Sara Agüero y Rafael María Perrota, y el médico Justo Horacio Blanco, quien atendió el parto de una joven desaparecida en un hospital de Quilmes, cuya beba nunca fue entregada a la familia.

Lidia Elba Papaleo es la viuda del banquero David Graiver, quien era el dueño de diversos bancos y empresas, entre las que se encontraba Papel Prensa. Tras la muerte de su pareja en los Estados Unidos, regresó a la Argentina (estaba viviendo en México) junto a su pequeña hija María Sol en 1976 y el 14 de marzo de 1977 fue secuestrada. “Lo mataron”, aclaró la mujer. Falleció en agosto de 1976 en un accidente aéreo. “Encontraron el avión después de tres días. Cuando encontraron el cuerpo de David, la cabeza no estaba”, mencionó.

Ella estuvo detenida, junto a familiares, en Puesto Vasco, pero también pasó por una comisaría (no sabe cual), el Departamento de Policía de La Plata (donde torturadores, escribanos y el propio Ramón Camps la entrevistaron) y luego fue a lo que cree que es el Pozo de Banfield, donde le pidieron que ayudara a una mujer a dar a luz pero ella no pudo porque estaba “toda quemada”, producto de las torturas. “Hubo varios nacimientos”, recordó, al tiempo que mencionó que quedó marcada por el caso de una chica que entregó a su beba y grito su nombre con sus dos apellidos, pero ella no puede recordarlo.

Finalmente, fue trasladada al departamento de Policía de la ciudad de Buenos Aires y luego fue a la cárcel de Devoto (tuvo un paso por el penal de Ezeiza en el medio de esta detención legal).

Sara Agüero fue la siguiente testigo. Su hermano, Américo “Tito” Ginés Agüero, y su cuñada, Eva del Jesús Gómez de Agüero, fueron secuestrados el 31 de agosto de 1977 en Almirante Brown cuando Eva cursaba su tercer mes de embarazo. Tenían 32 y 38 años, respectivamente. Eran militantes de la JTP. De acuerdo a la información que logró recabar, Tito estuvo en el Pozo de Quilmes -también fue vista Eva- y el Pozo de Banfield. Ella fue vista, además, en Puente 12, donde rompió bolsa.

“Yo tengo la seguridad de que el bebé lo robó alguien. Podrían, por lo menos, decir la verdad”, manifestó la mujer, al tiempo que aclaró que no recuperó tampoco los restos de su hermano. “Esta gente se niega a decir dónde los tiraron y a decir dónde están nuestros chicos”, manifestó.

El tercer testigo fue Rafael María Perrota, hijo del periodista Rafael Andrés Perrota. Su padre era director propietario del diario El Cronista Comercial, pero ya lo había vendido cuando el lunes 13 de junio de 1977 salió de su domicilio, con la intención de encontrarse con un periodista, y no regresó.

Justo Horacio Blanco fue el cuarto testimonio que se escuchó, vinculado al caso de Silvia Mabel Isabella Valenzi, cuya hermana hizo referencia en la audiencia del 5 de abril que este profesional había declarado ante la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) que había atendido el parto de una beba prematura de ocho meses, pero pasado el tiempo le dijeron que había fallecido. “Fui el médico que atendió en una Guardia del hospital Isidoro Iriarte de Quilmes, el 2 de abril de 1977, a las 3 de la madrugada, a Silvia. La trajo un grupo de policías encabezados por el doctor (Jorge Antonio) Bergés. Este médico policía me dice que era una detenida y se encontraba en franco trabajo de parto”, relató.

“La hago pasar a la paciente a la sala de parto, Bergés se retira, pero queda la fuerza policial que intenta entrar. Yo les dije que no podían, me hicieron caso y al estar en sala de parto, la pude interrogar pidiendo su nombre y qué es lo que sucedía, tiempo de embarazo y evoluición del mismo. Me dice que estaba detenida, que ella había comenzado trabajo de parto teniendo un embarazo de siete meses”, recordó. “Nació una beba prematura que inmediatamente se la dimos a los neonatólogos debido a la prematurez y este hecho lo registré en el libro de partos y la historia clínica“, apuntó.

Luego, Blanco comentó que “la historia clínica desapareció pero en el libro de parto estaba el nombre, la edad y que había parido una nena”. “Fue tachado, supongo que por la Dirección Médica, pero afortunadamente en ese tachado del nombre de la desaparecida se podía ver lo que yo había escrito y que había quedado documentado dicha atención y dicho parto”, explicó. No tuvo más contacto con la paciente porque si bien fue trasladada a “las piezas contiguas de puerperio, la Policía se la lleva en una camioneta no identificada”. “Fue la última referencia que tuve de la paciente desaparecida. Dicho hecho fue informado a las autoridades del hospital”, aclaró.

Al ser consultado por el estado de salud de la mujer, manifestó: “No pude ver si tenía signos de tortura porque me aboqué a atender su parto, tuvo poco tiempo, la retiré y fue un día de mucho trabajo asique no pude volver a tener contacto con ella”. Respecto a la beba, Rosa, aseguró que “nació viva y en términos médicos, tenía una buena vitalidad al ser entregada al neonatólogo de guardia”.

Comentó, luego, que tras este episodio, le pusieron una bomba en la puerta de la casa, pero no hubo heridos porque los hijos estaban lejos del garaje, donde había sido detonado el explosivo. “Después de este atentado, el gobierno de turno me puso una custodia policial y días después, extrañamente desaparece y me roban el auto. He pagado bastante por responder a la justicia, pero pude declarar, que eso es lo importante”, concluyó.

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata -que está integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 17 represores.

Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart. Miguel ángel Ferreyro falleció en el transcurso del juicio, estaba imputado por los delitos cometidos en la Brigada de Lanús.