La imputada declaró ayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº5 y negó haber falsificado documentación correspondiente a una importante empresa radicada en el Parque Industrial PIBERA de El Pato. El juicio continuará el próximo jueves con más declaraciones testimoniales.

El contador Juan Carlos Alonso, de la empresa Valyser S.A., cuestiona la documentación oficial que desencadenó el pedido de un embargo en el año 2018 por 17 millones de pesos por “impuesto omitido” contra la firma acusada de “no haber actuado como agente de percepción” (por ingresos brutos en actividades especializadas de construcción). El profesional niega las inspecciones que la funcionaria de ARBA, Sofía Dina Fernández, acredita en el expediente, desconoce sus firmas y hace una denuncia penal en la Fiscalía Nº1 de Berazategui, a cargo de Daniel Ichazo.

Desde ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº5 de Quilmes, juzga a Sofía Dina Fernández (54 años), por el presunto delito de “falsedad ideológica de instrumento público agravada por su condición de funcionaria pública tres hechos concursados realmente entre sí”. A cargo de la acusación, se encuentra la fiscal de Juicio, Mariel Calviño.

Cabe mencionar que la empresa en cuestión firmó un plan de pagos con ARBA por la deuda, pero después consiguió en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Quilmes un amparo por el cual los pagos quedaban suspendidos hasta tanto no se resolviera la causa penal.

Fernández pidió declarar ayer durante el juicio y negó las acusaciones que pesan sobre ella. A la inspectora de ARBA (Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires), se le imputa que en tres actas, las firmas que se pusieron no correspondían al contador Alonso de Valyser S.A.; y aunque se constató que las firmas eran apócrifas, ella insistió ayer ante la Justicia en que no tenía conocimiento de que las rúbricas no habían sido puestas por el representante de la empresa.

La funcionaria sostuvo que no tuvo intenciones de perjudicar a la empresa y explicó que cuando se trata de grandes contribuyentes, en el proceso de fiscalización, lo usual es que un empleado lleve la documentación y vuelva con los papeles firmados por el responsable que firma el acta.