La titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6, María Alejandra Provítola, elevó a juicio oral la causa seguida a tres hombres acusados de integrar una asociación ilícita que entre octubre de 2017 y diciembre de 2019 estafó a unas 25 personas a las que les conseguía planes sociales a cambio de apoderarse ilegalmente de la mitad de lo que cobraban por el beneficio, haciendo extracciones con las tarjetas de débito de las y los damnificados.

Los sujetos son José Roberto Rognoni, Maximiliano Heft y Eduardo Alberto Gil, este último se desempeñó como empleado del Gobierno bonaerense y titular de la Sociedad de Fomento San Pedro, en Berazategui, entidad a través de la cual se canalizaban gran parte de las captaciones y pagos.

La investigación determinó que la organización operaba en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Berazategui, Florencio Varela y Quilmes, y estableció que las y los titulares de las tarjetas de débito incautadas eran personas que integraban una misma cooperativa.

La jueza Provítola decidió el martes pasado declarar clausurada la instrucción y elevar parcialmente a juicio oral las actuaciones que tienen como imputados a José Roberto Rognoni (56), Maximiliano Gabriel Heft (30) y Eduardo Alberto Gil (56). La investigación no está agotada, porque en el expediente hay un cuarto acusado ya individualizado que aún debe ser indagado.

Tal como planteó el representante del MPF, los tres acusados irán a juicio como presuntos coautores de los delitos de asociación ilícita, defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño reiterado -20 hechos consumados y dos en grado de tentativa-, un hecho de estafa y dos de extorsión, todos los cuales concurren de manera real entre sí. Los mismos delitos por los que ahora deberán afrontar el juicio oral, y con prisión preventiva pero bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Los hechos

El fiscal Recchini le imputó a Rognoni, Heft y Gil “haber conformado una asociación ilícita que funcionó, cuanto menos, desde el mes de octubre del año 2017 hasta el mes de diciembre de 2019, destinada a percibir y/o retener ilegítimamente el 50% de los haberes que percibían en forma mensual, cuanto menos, veinticinco personas a la que sus integrantes les gestionaba el ingreso a alguno de los programas relacionados con ‘Argentina Trabaja’, ‘Hacemos Futuro’ y ‘Programa de Ingreso Social con Trabajo/Salario Social Complementario’ que luego fueron unificados en el programa ‘Potenciar Trabajo’ del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”.

Según la investigación -de la que al inicio participó la extitular de la Fiscalía N° 30, Marcela Sánchez-, los tres acusados lograron obtener “mínimamente la suma total de 3.000.000 pesos”, al utilizar tarjetas de débito de 22 de los damnificados, conseguidas mediante engaño o retenidas de manera ilegítima.

La maniobra se iniciaba desde que a cada uno de los damnificados le daban de alta en distintos programas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Los imputados simulaban que ellos eran quienes detentaban el poder para determinar si cada una de las víctimas continuaba o no percibiendo el beneficio.

El inicio de la causa

La investigación se inició el 5 de diciembre de 2019 a las 22.00, cuando a un inspector de la División Fraudes Bancarios de la Policía de la Ciudad le pareció sospechoso ver a dos hombres operando con diferentes tarjetas en los cajeros automáticos de la sucursal del Banco de la Nación Argentina (BNA) ubicada en la avenida Callao 101 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a metros del Congreso de la Nación.

Ante la sospecha de que pudieran ser operaciones con tarjetas clonadas o robadas, el policía procedió a identificar a ambos sospechosos como Rognoni y Heft, y en su poder les secuestró seis tarjetas de débito del BNA, que tenían inscripto con marcador indeleble el número de cuatro cifras correspondiente al PIN de cada plástico, y la suma de 47.210 pesos.

Luego fue requisado un automóvil y se dispusieron allanamientos en los domicilios de ambos sospechosos, donde se individualizó al tercer imputado, Gil. En todos esos procedimientos se incautaron otras quince tarjetas de débito del BNA; dos de otros bancos; 27 fotocopias de DNI y la misma cantidad de constancias de CUIL; doce planillas del Ministerio Desarrollo Social con nombres, domicilios y firmas de gran cantidad de personas, y tres cuadernos con datos de varias personas.