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Un empresario de Quilmes será juzgado en juicio oral y público por el robo de caños de gasoducto del noreste argentino. Lo resolvió la Justicia de la provincia de Salta.

La acusación no involucra solamente al quilmeño José Matías Rossi; sino que comprende a otros nueve imputados entre ellos el ex intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, su ex secretario de Hacienda, Fredy Céspedes; y el empresario Diego Alos, presidente de la empresa mendocina OSYP SA.

José Matías Rossi, empresario y familiar de conocido chatarrero en el distrito de Quilmes, es presidente de la empresa Comarfil SA, con varios inmuebles en la zona, uno de los cuales se encuentra ubicado en la bajada de la Autopista La Plata-Buenos Aires. A Rossi se le atribuye haber adquirido 67 caños que les fueron vendidos por Alos, quien junto a Prado tenía el mayor dominio de los bienes enajenados.

Para el fiscal, tanto Rossi, acusado de encubrimiento real agravado, al igual que otro de los cuatro procesados, no fueron sorprendidos en su buena fe, pues sabían muy bien que los caños eran de procedencia ilegal. Al respecto, señaló que llamó la atención que Rossi no se percatara de que los caños que les compró a Alos tenía el número de serie limado.

Se recordará que la Justicia salteña ordenó el año varios procedimientos en inmuebles del empresario Rossi y encontró parte de los caños que pertenecían al GNEA (Gasoducto del Noreste Argentino).

El miércoles y jueves pasado, en una audiencia de doble jornada dada la magnitud de los hechos e imputaciones, el fiscal general Eduardo José Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, rebatió planteos defensivos y consolidó así la acusación penal por la cual ahora el ex intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado irá a juicio oral y público.

Con la defensa de Prado y José Matías Rossi presentes en la sala y la de los ocho nueve imputados por video conferencia, el fiscal Eduardo José Villalba repasó los aspectos más salientes de la acusación y la investigación y posterior acusación que el Ministerio Público Fiscal llevó adelante, con la actuación coordinada de los fiscales José Luis Bruno y Marcos Romero de las Sede Descentralizada de Orán y Tartagal, respectivamente.

Cabe mencionar que el empresario quilmeño, pidió un juicio abreviado y pagar 200 mil pesos como daños, para evitar tener que enfrentar el debate oral y público, pero los planteos fueron rechazados por el Ministerio Público Fiscal.

Las actuaciones se iniciaron en febrero del año pasado a partir de diversas notas periodísticas. Luego, el 18 de mayo, se formalizó la acusación contra Prado, su ex secretario de Hacienda, Fredy Céspedes y el empresario Diego Alos, presidente de la empresa mendocina OSYP SA, por los delitos de fraude a la administración pública y robo agravado. Posteriormente, el 28 de julio, y como resultado de una investigación más profunda, se amplió la acusación hacia otros empresarios y trabajadores del rubro transportista que habrían participado de las maniobras; incluso la fiscalía solicitó la prisión preventiva de Prado –que fue concedida- a fin de avanzar con una serie de allanamientos y tomar de testimoniales en Aguaray.

Al ingresar sobre el caso, el fiscal Villalba señaló que los acusados, en sus distintos roles, llevaron adelante una maniobra con el único objetivo de apropiarse ilegalmente de bienes del Estado Nacional, en este caso caños del Gasoducto GNEA, con el solo fin de obtener un provecho económico con su comercialización. Los principales acusados en esta maniobra, según surge de las pruebas colectadas por la fiscalía, proyectaban ganar sumas millonarias. Como muestra de ello se citó un manuscrito secuestrado en poder de uno de los acusados, en el que se hacía un cálculo de ganancia de casi un millón y medio de dólares.

Al avanzar con la acusación y los roles del resto de los imputados, el fiscal señaló que este hecho tuvo una segunda etapa, puesta en marcha cuando se hizo público el robo de los caños y la ilegalidad de la resolución 1215/19, que posteriormente le valió a Prado su destitución, el 16 de octubre del año pasado.

 

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