El Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Quilmes a cargo de Hugo Guarnieri resolvió a favor de la empresa RTO Quilmes S.A., que había presentado una acción declarativa de certeza para despejar dudas sobre la validez de las obleas y certificados de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) emitidos por su taller, habilitado por la Municipalidad de Quilmes.

En conclusión, los automovilistas que efectúen la RTO en Quilmes no podrán ser multados ni sancionados por no tener la VTV provincial hasta que haya una resolución del caso.

RTO Quilmes S.A. pidió que la Provincia y los municipios se abstengan de sancionar a los conductores que tengan su RTO hasta que se defina la validez de su sistema. Argumentó que su certificación cumple con las normativas nacionales y que su actividad está formalmente regulada y cumple con las exigencias de países limítrofes. Con esta decisión, el magistrado avaló la actuación de la firma.

Decisión del juez:

Se otorgó la medida cautelar, suspendiendo multas e imputaciones por no contar con la VTV provincial, en tanto los vehículos tengan la RTO de Quilmes.

La suspensión aplica a toda la provincia y sus municipios, evitando sanciones mientras se resuelve la cuestión de fondo.

Puntos clave de la medida cautelar:

El conflicto legal es que la Provincia de Buenos Aires exige la Verificación Técnica Vehicular (VTV) bajo su normativa (Ley 13.927 y Decreto 532/2009).

No obstante, la Municipalidad de Quilmes, mediante la Ordenanza 13.691/2022, adhirió a la Ley Nacional 24.449 que avala las inspecciones de RTO. Sin embargo, se generó incertidumbre sobre si las obleas de RTO Quilmes S.A. tienen validez en toda la provincia. Con la resolución del magistrado del Juzgado Contencioso Administrativo de Quilmes se avaló la actuación de la empresa. La decisión judicial se transformó en un caso testigo en la toda la provincia de Buenos Aires.

EQUIPARACIÓN JURIDICA EN LOS TRIBUNALES PLATENSES

A la medida judicial a favor de la RTO habría que sumar el señalamiento jurídico efectuada por el Fiscal de la Plata Alvaro Garganta: “Que en el marco de la presente Investigación Penal Preparatoria 06-00-040372-23/00 caratulada " Das Neves José Luis s/ Abuso de autoridad Art. 250 del Código Penal" en trámite ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 11 Departamental La Plata, se investiga el presunto delito de abuso de autoridad de funcionarios administrativos y policiales por labrar actas de infracciones contempladas en la Ley 24.449 y modificatorias de la Ley 13.927, en su artículo 34, a los automotores que circulan con obleas de la RTV (Revisión Técnica Vehicular) expedidas por plantas autorizadas por ordenanzas en distintos municipios y no por VTV (Verificación Técnica Vehicular), que expiden plantas a nivel provincial, en virtud de resultar manifiestamente ajeno el conductor al presente conflicto de competencia entre los distintos entes Que las mismas se expedirían conforme lo normado por las facultades y competencias delegadas a los municipios que surgen en la Ley Nacional 24.449 en su artículo 2 y 5 inc. C y D y Ley 26.363. Ordenanza Municipal habilitante N° 29.880/22, legitimando el uso de la RTV (Revisión Técnica Vehicular)”.

FALLO A FAVOR EN AVELLANEDA

Por último, cabe reseñar que el Juzgado en lo Correccional N° 1 de Avellaneda resolvió en favor de Micaela Fortes Vallejos, quien había sido multada por una presunta infracción de tránsito. La sentencia, que revoca la decisión del Juez de Faltas N° 1 de Lanús, Norberto Luis Luciani, deja sin efecto la sanción impuesta y ordena la devolución de su licencia de conducir.

El 19 de agosto de 2024, Fortes Vallejos fue sancionada en virtud del artículo 16 de la Ley 13.927 y se le retuvo su licencia. No obstante, la conductora presentó la documentación requerida, incluyendo un certificado de Revisión Técnica Vehicular (RTV) vigente, y apeló la decisión.

Uno de los puntos más relevantes del fallo fue la discusión sobre la validez del certificado de RTV emitido por un taller privado, en comparación con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) estatal.

El tribunal concluyó que ambos controles cumplen los mismos estándares técnicos y que la responsabilidad de la habilitación de los talleres corresponde a las autoridades, no a los conductores.