- 15 de agosto de 2025
La decisión de la administración de Javier Milei se materializó a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en el Ministerio de Capital Humano, luego de que detectaron presuntas irregularidades y el uso indebido de fondos.
El Gobierno nacional resolvió este jueves suspender la operatoria y abrir un sumario a la cooperativa de trabajo Recuperadores del Sur Ltda., presidida por Héctor Morillo, quien a su vez es secretario nacional de Grandes Generadores de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Qué irregularidades detectó el Gobierno
De acuerdo a las pruebas reunidas, la estructura habría sido utilizada para eludir la normativa vigente y realizar prácticas que no garantizan condiciones laborales dignas, vulnerando derechos en beneficio de integrantes de la familia Morillo.
Asimismo, investigan el uso de fondos de la cooperativa para gastos turísticos familiares y la compra de un vehículo no apto para la actividad, así como también otras erogaciones que habrían perjudicado a la entidad y a sus asociados. “De las referidas actuaciones surge que fondos de la cooperativa fueron utilizados para abonar, entre otras cosas, una estadía en un SPA de la Costa Atlántica, bebidas alcohólicas, indumentaria no de trabajo, el seguro del auto de la hija de Morillo y una Moto Honda 750, cuyo único autorizado a conducir es Héctor Morillo, un vehículo que no sirve para las actividades de la cooperativa. Todas estas erogaciones no son realizadas en beneficio de la cooperativa ni de sus asociados, sino para exclusivo beneficio de la familia Morillo”, se detalló en un comunicado oficial del Ministerio nacional.
“Se observaron millonarias transferencias de fondos de la cooperativa a cuentas de Morillo y su hija, así como cobro de cheques por ventanilla por los cuales no se pudo probar el destino dado a esos fondos”, se acotó. De confirmarse, las acciones contradicen lo establecido en el artículo 2° de la Ley 20.337, donde se define el espíritu y funcionamiento de las cooperativas.
El caso será comunicado al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, para que adopte las medidas correspondientes. Las irregularidades también generan dudas sobre quién realiza efectivamente la recolección de residuos, dónde se procesa el material, cuánto se recupera y cómo se dispone lo rechazado. Además, la cooperativa no cuenta con 100 asociados y no está claro quiénes prestan el servicio, según informaron.
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