En el  76, la población era de aproximadamente 370 mil habitantes, gobernaba el intendente José Rivela (había triunfado en las elecciones del 11 de marzo) y en el concejo deliberante había representantes del peronismo, el radicalismo y la Alianza Popular Revolucionaria.

El golpe trajo como consecuencia que el municipio fuera administrado por interventores puestos por el gobierno provincial militar. Ellos fueron: Heriberto Román, Raúl Monti, Osvaldo Galli, Julio Cassanello, Héctor Villalba y Gerardo Hipólito Valenzuela.

Ellos manejaron el poder con el respaldo de las armas, formar parte del Circuito Camps implicaba un dispositivo represivo basado en centros de detención clandestina y tortura. Las consecuencias fueron las conocidas.

Aquella época tortuosa nada bueno podía dejar. No hay pavimento, luminaria ni flores en alguna plaza céntrica que logre tapar el desastre.

El plan económico obtuvo sus resultados: creció exponencialmente la deuda externa, los salarios bajaron (en 1977 fueron más bajos que en 1935) y la timba financiera pasó a ser una forma de saqueo legalizada.

Entre  el 76 y el 80 perdieron sus trabajos en el conurbano 200 mil personas.

En Quilmes, la prohibición de las marchas del hambre, no evitó que el obispo Novak continuara con su lucha frente al crecimiento de la pobreza. Se cerraban fábricas o se suspendía personal (casos Celulosa y Acerías Quilmes). En un momento, el hartazgo de los vecinos hizo que ante el aumento desmedido de las tasas, las protestas fueran otra vez, en un lugar sitiado: las calles.

En diciembre del 81 las Madres ayunarían en la Catedral, para ese entonces, nadie podía desconocer lo que pasaba. Aun así, las administraciones locales sortearon cualquier indagación del poder judicial. No hubo procesos por acusaciones de delitos ni preguntas sobre la barbarie.

Recordar esos tiempos permite valorar nuestra democracia y esperanzarse en que la evocación de las resistencias frente a la dictadura sean motor de transformaciones que beneficien a las mayorías.