Mientras la Justicia de Quilmes dispuso la prisión preventiva para el empresario quilmeño Matías José Rossi, que había sido detenido hace poco más de un mes, la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Quilmes no sólo deberá resolver dicha medida que fue apelada, sino que decidirá si el caso sigue tramitándose en el fuero penal quilmeño que ya entró en la etapa de juicio o pasa a la Justicia Federal de Quilmes que aún se encuentra en plena investigación de las denuncias recibidas.

Hoy, habrá una audiencia en la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Quilmes, en la que la defensa del imputado intentará mejorar la exposición del recurso que presentaron al momento de apelar la prisión preventiva. Los camaristas resolverían en los próximos días tanto el recurso de apelación como el planteo de nulidad por la competencia, es decir, a qué fuero corresponde si a la justicia provincial o a la Federal.

Cabe recordar, que Matías José Rossi, presidente de la firma COMARFIL S.A. fue detenido en los primeros días del pasado mes de abril, en el barrio privado Dorrego (1ª Junta y Mitre) donde vivía, a pocos días de haber sido condenado por la Justicia de la provincia de Salta por el robo de caños del gasoducto del NEA. Sin embargo, esta detención estaba relacionada con la causa que se tramitaba en los Tribunales penales de Quilmes desde el año 2016 por el vaciamiento de la empresa DEPOFER S.A. y que ya había sido elevada a juicio al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº3. En su momento, la fiscal que investigó el hecho, Ximena Santoro, había solicitado la detención de Rossi, requerimiento que fue convalidado por el juez de Garantías; y cuando la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Quilmes revocó el pedido de eximición de prisión, la defensa del imputado apeló ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense que confirmó el fallo de los camaristas. Por lo tanto, cuando la resolución de Casación llegó al poder judicial quilmeño, el expediente ya se encontraba en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº3, para la realización a futuro de un juicio oral y público. Así, fue que intervino el juez Alejandro Portunato, del TOC Nº3 y se ordenó la detención de Matías José Rossi.

Ahora, el fiscal de Juicio, Andrés Nieva Woodgate, que había sido asignado a la causa para llevar adelante la acusación en el juicio, fue quien solicitó la prisión preventiva, la que fue apelada inmediatamente por los abogados de Rossi.

Luego de la audiencia de hoy, los jueces de la Sala II, Luis Alejandro Gil Juliani, Pablo Barbieri y Alejandro Cascio, tendrán que resolver dos cuestiones: la apelación por la prisión preventiva y el planteo de la nulidad por la competencia.

MÚLTIPLES DELITOS

Hay que señalar, que Matías José Rossi, está acusado junto a su padre José Rossi (se encuentra en prisión), su madre Rosa Olinda Caracciolo, quien está en libertad al igual que el cuarto imputado Bernardo Dambrosio, del delito de “defraudación por afectación maliciosa del normal funcionamiento de un establecimiento comercial en concurso real con administración fraudulenta en concurso real con suscripción engañosa de documentación en concurso real con coacción agravada”, los que concurren realmente con el delito “de asociación ilícita” en su rol de organizadores José y Matías Rossi; y Caracciolo y Dambrosio “como miembros”.

Esta causa, se había iniciado en la fiscalía a cargo de Ximena Santoro a partir de una denuncia de dos sobrinos de Rossi, Sebastián Luis Rigiracciolo y Alejandro Fabián Rigiracciolo. Los hermanos Rigiracciolo también acudieron a la Justicia Federal de Quilmes donde denunciaron defraudación, evasión fiscal y lavado de activos, entre otros delitos.

De acuerdo a la resolución de los camaristas, el expediente podría permanecer en el Tribunal Oral Nº 3 para que se realice un juicio oral en el cual deberá excusarse el juez Portunato por haber intervenido ya; aunque si se entiende que es competencia de la Justicia Federal, el caso volvería a una etapa investigativa en la que todavía se encuentra. De todos modos, existe además la posibilidad de que la causa pudiera desdoblarse y así los imputados podrían ser juzgados en la Justicia provincial por unos delitos y en la Federal por otros.