Dicha resolución prohibía a los municipios cobrar sus tasas en las facturas de servicios públicos, como las de luz y gas. El municipio quilmeño podrá continuar cobrando la tasa de alumbrado público en la factura de Edesur, al menos mientras se resuelve el fondo de la cuestión.

La Secretaría de Comercio e Industria había determinado que los municipios debían dejar de incluir sus tasas en las boletas de servicios públicos, con el argumento de que esta medida permitiría a los consumidores distinguir claramente entre el costo de los servicios y los impuestos locales. Desde el gobierno nacional se presentó la decisión como una medida para defender los derechos del consumidor, y se alentó a los municipios a cobrar sus tasas de manera separada mediante otros mecanismos.

Sin embargo, Quilmes, entre otros municipios, se opuso firmemente a esta disposición, argumentando que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires les otorga la autonomía para dictar ordenanzas y firmar convenios con empresas de servicios públicos, como el que desde 2001 mantiene con Edesur. Este convenio, además, cuenta con la aprobación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

En su fallo, el juez Armella subrayó que la decisión del gobierno de modificar este esquema de cobro podría afectar seriamente el funcionamiento de servicios públicos clave para los municipios, como el alumbrado público. Mendoza había advertido que dejar de percibir la tasa, que en julio significó una recaudación de 500 millones de pesos, pondría en peligro la continuidad y eficacia del servicio, indispensable para los ciudadanos.

Armella calificó el reclamo de Quilmes como "urgente" y resolvió que los argumentos presentados cumplen con los requisitos de "verosimilitud en el derecho" y peligro en la demora. "Las graves y objetivamente impostergables circunstancias de hecho y derecho" justifican, según el magistrado, la suspensión inmediata de la resolución nacional. Además, consideró que continuar con el cobro de la tasa de alumbrado en las facturas de luz evita un grave perjuicio para la Municipalidad de Quilmes.

La causa judicial sigue su curso, y el gobierno nacional tiene un plazo de tres días para responder a la demanda. Después de esto, el juez evaluará si corresponde dictar una nueva medida cautelar y, eventualmente, resolver el fondo de la cuestión, que es la posible inconstitucionalidad de la resolución nacional.

Con esta decisión, el municipio de Quilmes asegura temporalmente una vía fundamental para su financiamiento, mientras se aguarda una definición definitiva en el conflicto entre el gobierno de Javier Milei y los municipios de la provincia de Buenos Aires.