Luego de más de tres años de debate, ayer comenzó la etapa de alegatos en el Juicio Brigadas, en el que son juzgados delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como el ex Pozo de Banfield, el de Quilmes, la Brigada de San Justo y El Infierno de Avellaneda. “El 49% de los casos corresponde al Pozo de Banfield, el 41% al de Quilmes, el 17% a la Brigada de Lanús y el 10% a la de San Justo”, sostuvo el representante de la Fiscalía. Los alegatos continuarán el próximo 19 de diciembre.

Los alegatos comenzaron ayer martes, en el marco de la audiencia 126. El fiscal Gonzalo Miranda comenzó la exposición y precisó que los 12 imputados están acusados por delitos cometidos en perjuicio de 605 personas. “Se corresponde con los casos por los cuales pediremos condena entre los años 1974 y 1979”, detalló. Al mismo tiempo, remarcó que “este proceso penal involucra crímenes de Estado” y “produjeron un daño inconmensurable en numerosas personas como escuchamos en este juicio” que “impactó no solo en las personas que fueron secuestradas, torturadas, abusadas, privadas de la libertad, asesinadas o desaparecidos sino también a su entorno”. 

 Miranda dio cuenta de “dispositivos particulares” con un “rol nuclear de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE)”. Advirtió que “eran conocidos pero no se hablaba abiertamente de ellos” y “el modelo se orientaba a aterrorizar a las personas cautivas y la sociedad en su conjunto”.

“Se encontraban en zonas muy transitadas”, manifestó. Detalló que el 49% de los casos corresponde al Pozo de Banfield, el 41% al de Quilmes, el 17% a la Brigada de Lanús y el 10% a la de San Justo. Y brindó detalles de cada uno de estos espacios y las reformas que se realizaron para ocultar los hechos.

Durante el alegato de la Fiscalía se precisó que la gran mayoría de las personas victimizadas tenía entre 18 y 29 años; el 5%, 13 y 17 años; y el 3%, 0 a 12 años.

Además, se explicó, que el 61,7% de las víctimas sobrevivieron, un 31,2% se encuentran desaparecidas, el 5% fue asesinado (de 31, 30 estuvieron considerados como desaparecidos hasta que el Equipo Argentino de Antropología Forense pudo identificar los restos), 1,7% fue apropiado.

LOS HECHOS

Respecto a los hechos en particular, la mayoría de los casos ocurrieron en 1977 (42,5%) y 1976 (31,6%), pero hay casos de 1974 (2,8%), 1975 (11,4%), 1978 (9,9%), 1979 (1,3%) y hay un 0,5 por ciento de casos sin determinar.

El 75 por ciento fue secuestrado en localidades de la provincia de Buenos Aires, el 14 en la Ciudad de Buenos Aires y otros porcentajes menores en otras provincias. “La mayoría fue secuestrada en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, resaltó Oberlin; quien  mencionó que un 86 % de las personas victimizadas continúan desaparecidas. El 14 % fue identificado. Hizo foco en las consecuencias de las desapariciones en las vidas de las personas allegadas.