El operativo, llevado a cabo este martes 8 de abril, se concretó en las instalaciones del CEAMSE, en el barrio porteño de Pompeya.

Los alimentos destruidos —entre ellos leche en polvo, puré de tomate, dulce de batata, lentejas y harina— presentaban fechas de vencimiento expiradas o estaban en condiciones insalubres, por lo que laboratorios de bromatología municipales recomendaron su inmediata destrucción para evitar riesgos a la salud pública.

El procedimiento fue ejecutado con el apoyo logístico de un camión de los Talleres Generales de la Prefectura, que trasladó la mercadería desde los depósitos allanados hasta el centro de tratamiento del CEAMSE, donde se procedió a la incineración entre las 8 y las 11 de la mañana.

La investigación, que conduce la Justicia Federal de Quilmes, se inició el año pasado tras más de 70 denuncias recibidas en la línea 134, dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich. Las denuncias apuntaban a que distintas organizaciones sociales exigían a beneficiarios de planes y comedores comunitarios la asistencia obligada a marchas y actos políticos, bajo amenaza de quitarles la ayuda estatal.

En el marco de las pesquisas, el juzgado a cargo del juez Armella y su secretario, Diego Quiroga, ya abrió 75 expedientes que involucran a más de 150 referentes sociales. Entre las organizaciones bajo la lupa figuran el Movimiento Evita, Polo Obrero, La Dignidad Confluencia, MTD Teresa Rodríguez, Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Mariano Ferreyra, Frente Federal de los Pueblos, CTD-Aníbal Verón, Movimiento Resistencia San Jorge, Cooperativa Martín Fierro y el Movimiento MIM.

Durante los allanamientos, Prefectura secuestró también más de 3.500 kilos de alimentos vencidos adicionales, 104.000 unidades de comida no distribuidas, $500.000 en efectivo, un revólver calibre .22, una réplica de pistola 9 mm, 47 equipos informáticos y cerca de 100 cajas con documentación contable.

En Quilmes, el juzgado de Armella analiza 44 causas adicionales que podrían derivar en nuevas imputaciones por fraude, amenazas y uso indebido de recursos públicos. La Justicia Federal evalúa ahora nuevas medidas procesales, entre ellas indagatorias, nuevos allanamientos y peritajes sobre planillas, libros contables y registros de asistencia.