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La medida constituye un precedente relevante en la persecución de delitos económicos en entornos digitales y en los mecanismos de recuperación de activos producto de maniobras de phishing y fraude financiero.

El Departamento Judicial Quilmes logró un importante hito en la investigación de delitos informáticos al recuperar y restituir al Banco Galicia activos digitales por un valor cercano a los $13.000.000, en el marco de una causa por una millonaria defraudación mediante la modalidad conocida como phishing

La investigación fue llevada adelante por el equipo de la Unidad Fiscal Nº 1 Especializada en Delitos de Extorsión, Estafas y Defraudaciones en Entornos Digitales, a cargo de Ariel Rivas, tras la denuncia presentada por una pyme local que había sido víctima de una maniobra fraudulenta que derivó en la sustracción de $88.000.000.

Según informó la fiscalía, el hecho permitió descubrir el funcionamiento de una compleja organización criminal dedicada a delitos financieros. Su principal cabecilla, un ciudadano domiciliado en Mar del Plata, habría articulado un sistema para transferir el dinero sustraído a más de 40 billeteras virtuales y cuentas de criptomonedas a nombre de terceros conocidos como “mulas digitales”, quienes prestaban sus datos personales a cambio de una compensación económica. Los fondos luego eran convertidos en activos digitales.

A partir del seguimiento de la “ruta del dinero”, el equipo investigador logró incautar activos digitales denominados USDT y UXD, equivalentes a criptomonedas de paridad con el dólar. Con la causa avanzada y tras requerirse la elevación a juicio del principal imputado, la fiscalía solicitó al juez interviniente la autorización para convertir esos activos a pesos argentinos y destinarlos a reparar el daño.

El Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo de Marcelo Goldberg, hizo lugar al pedido y ordenó la venta al precio de mercado de los activos incautados. El resultado de esa operación —casi $13.000.000— fue transferido al Banco Galicia, entidad que previamente había alcanzado un acuerdo conciliatorio con su cliente, la pyme estafada.

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