- 28 de mayo de 2024
El arresto de Rossi se concretó a partir de un fallo del Tribunal de Casación Penal bonaerense, quien confirmó la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Quilmes que había revocado el pedido de eximición de prisión.
El empresario quilmeño Matías José Rossi, detenido por la Justicia de Quilmes, luego de que la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías le confirmara la prisión preventiva por todos los delitos que se le imputan, solicitó una morigeración de pena ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 (donde está el caso para realizarse un juicio oral), pedido que le fue rechazado por el juez Alejandro Portunato.
Por otro lado, aún resta que los jueces de Cámara resuelvan respecto a la cuestión de la competencia, es decir, si el caso sigue tramitándose en el fuero penal quilmeño que ya entró en la etapa de juicio o pasa a la Justicia Federal de Quilmes que aún se encuentra en plena investigación de las denuncias recibidas contra Rossi.
Como ya indicáramos, Matías José Rossi, está imputado junto a su padre José Rossi (se encuentra en prisión), por el delito de “defraudación por afectación maliciosa del normal funcionamiento de un establecimiento comercial en concurso real con administración fraudulenta en concurso real con suscripción engañosa de documentación en concurso real con coacción agravada”, los que concurren realmente con el delito “de asociación ilícita” en su rol de “organizadores” José y Matías Rossi; y “como miembros” su madre Rosa Olinda Caracciolo y el contador Bernardo Dambrosio, ambos en libertad.
Esta causa, se había iniciado en el año 2016, en la fiscalía a cargo de Ximena Santoro a partir de una denuncia de dos sobrinos de Rossi, Sebastián Luis Rigiracciolo y Alejandro Fabián Rigiracciolo por el vaciamiento de la empresa metalúrgica DEPOFER S.A. Los hermanos Rigiracciolo también acudieron a la Justicia Federal de Quilmes donde denunciaron defraudación, evasión fiscal y lavado de activos, entre otros delitos.
Cabe señalar, que respecto al delito de “coacción agravada”, se trata de la denuncia que realizó una jueza en lo Civil y Comercial de Quilmes por amenazas en el marco de una causa que se tramitaba en su Juzgado.
Además, hay que señalar, que Matías José Rossi (de 39 años), detenido a principios de abril del corriente año, había sido condenado unos días antes por un Tribunal de la provincia de Salta a la pena de 1 año de prisión condicional en el juicio por el robo millonario de caños del Gasoducto del Noreste Argentino (NEA).
El arresto de Rossi se concretó a partir de un fallo del Tribunal de Casación Penal bonaerense, quien confirmó la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Quilmes que había revocado el pedido de eximición de prisión realizado por los abogados del imputado.
SIN MORIGERACIÓN DE PENA
No obstante, nuevamente la defensa de Rossi ahora volvió a acudir a la Sala II apelando la prisión preventiva que los camaristas Luis Alejandro Gil Juliani, Pablo Barbieri y Alejandro Cascio, confirmaron por todos los delitos que se le imputan. Los jueces le rechazaron la excarcelación pero no una morigeración. Por lo que con la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías, el viernes último, la defensa de Rossi solicitó una morigeración de pena ante el juez Portunato, la que le fue denegada.
Según trascendió, la solicitud de Rossi de un arresto domiciliario sería por cuestiones familiares y no se contemplaría entre los supuestos en los que se puede basar la Justicia para conceder el beneficio de que esté privado de libertad en su vivienda.
LA COMPETENCIA SIGUE EN DISCUSIÓN
Por otro lado, sigue en discusión la cuestión de la competencia en la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Quilmes. En los próximos días los jueces estarían resolviendo respecto al planteo de la nulidad por la competencia y de acuerdo al dictamen, el expediente podría continuar en los Tribunales penales quilmeños para que se realice un juicio oral; y de darse intervención a la Justicia Federal de Quilmes podría volver a la etapa investigativa. No obstante, también es posible que los imputados sean juzgados en la Justicia provincial por unos delitos y en la Federal por otros, tales como la posible evasión fiscal y el lavado de activos.
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