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Con la publicación del Decreto 15/26 en el Boletín Oficial, el gobernador Axel Kicillof terminó de oficializar este miércoles la conformación del nuevo directorio del Banco Provincia.

Las designaciones, que habían sido acordadas durante las negociaciones legislativas de fines de 2025, consolidaron una mesa de conducción ampliada y con representación de distintos espacios políticos, en línea con los compromisos asumidos durante el tratamiento del Presupuesto y el endeudamiento provincial.

En ese marco, se oficializaron nueve directores titulares con mandatos que se extenderán, según el caso, hasta el 31 de diciembre de 2027 o de 2029. La nómina incluye a Marcelo Daletto, Alejandro Formento, Carlos “Cuto” Moreno, Carlos Orsingher, Javier Osuna, Julio Pereyra (ex intendente de Florencio Varela), Matías Ranzini, Rodrigo Rodríguez y Fernando Rozas, quienes pasarán a integrar el órgano central de conducción de la entidad financiera bonaerense.

A su vez, el esquema se completa con tres directores asociados: Sergio Bordoni, Fernando Pérez (ex concejal UCR de Quilmes) y Adrián Urrelli. Estos cargos, creados a partir de la reforma de la Carta Orgánica, tendrán vigencia hasta 2029 y participarán de las reuniones del directorio con voz, aunque sin capacidad de voto, en un rol de carácter consultivo.

En paralelo, también quedaron confirmadas las dos sindicaturas que supervisarán la legalidad de los actos del Banco Provincia. Gabriela Demaría y Laura González (La Campora – Quilmes) fueron designadas para ejercer esas funciones hasta fines de 2029, en el marco de la nueva estructura de control incorporada por la Ley 15.562.

A su vez, se creó el Consejo de Directores Asociados como órgano consultivo, integrado por tres vocales que participarán de las reuniones con voz, pero sin voto. Su función será aportar asistencia técnica, receptar buenas prácticas normativas y emitir opiniones sobre las políticas y planes estratégicos del banco.

En paralelo, la normativa incorporó una Sindicatura colegiada compuesta por dos síndicos, encargados de velar por la legalidad de los actos del directorio. Ambos cargos requieren formación profesional específica y experiencia en administración y control, y perciben una remuneración equivalente a la de un vocal.

 

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