“No es casualidad: estamos atravesando tiempos de incertidumbre, de fracturas sociales profundas, de malestares que buscan cauce. Pero en medio del ruido mediático y de los posicionamientos apresurados, conviene detenerse a escuchar con atención qué voces se amplifican, desde dónde se plantean las críticas y, sobre todo, hacia dónde nos quieren llevar”.

“Muchas veces - y esta no es la excepción - el reclamo por revisar la ley nace del dolor legítimo, de la urgencia de quienes atraviesan situaciones difíciles y no encuentran respuestas. Familias desesperadas, profesionales saturados, comunidades desbordadas. Nadie que trabaje cerca del sufrimiento puede darse el lujo de desoír esas voces. Pero es una cosa muy distinta instrumentalizar ese dolor para justificar un retroceso en derechos conquistados. Porque en este punto conviene ser claros: hay mucho por mejorar, pero el camino no es volver al encierro, sino hacer posible lo que la ley ya promete”.

“Desde mi experiencia en la Asesoría de Menores e Incapaces, donde trabajamos todos los días con niños, niñas, adolescentes y personas en situación de discapacidad en contextos de extrema vulnerabilidad - muchas veces atravesados por problemáticas complejas de salud mental - puedo afirmar sin titubeos que la Ley 26.657, sancionada en 2010, significó un cambio de paradigma profundo. Un antes y un después. Dejó atrás la lógica del manicomio como respuesta automática y propuso una mirada integral, interdisciplinaria, comunitaria. Una mirada humana, centrada en la persona, no en la patología”.

“El gran problema no es la ley. El gran problema es el abismo entre sus principios y la realidad cotidiana. La falta de recursos concretos - equipos de salud mental en territorio, dispositivos de acompañamiento sostenido, viviendas supervisadas, redes comunitarias activas, formación profesional - genera un vacío que pone en crisis cualquier política pública, incluso la mejor diseñada. Y en ese vacío, lo que muchas veces se reproduce no es el modelo de cuidado, sino el modelo de abandono”.

“Defender el espíritu de esta ley no implica negar las enormes dificultades que enfrentan las familias. Todo lo contrario: implica exigirle al Estado que deje de estar ausente. Que asuma, de una vez por todas, su responsabilidad indelegable de cuidar, proteger y acompañar. No se trata de más control, sino de más escucha. No de presencia coercitiva, sino de una política pública empática, sensible, efectiva. No de encierro, sino de redes reales, de acompañamiento continuo, de una comunidad que no deserte”.

“Algunas voces insisten en revisar la ley para "facilitar internaciones". Pero no se trata de abrir las puertas a más encierro, sino de abrir los ojos a lo que está faltando. Porque cuando un país no cuenta con servicios de salud mental accesibles, cuando los equipos comunitarios son escasos o inexistentes, cuando las familias quedan solas cargando con el cuidado sin apoyo ni orientación, es fácil caer en la tentación de pedir más camas, más muros, más puertas cerradas. Lo difícil - y lo necesario - es construir un sistema de salud mental inclusivo, con presencia estatal sostenida y con verdadera voluntad política”.

“Sí, hay situaciones límite. Nadie lo ignora. Nosotros mismos, desde los dispositivos judiciales y sociales, las enfrentamos a diario. Pero el sufrimiento psíquico no puede tratarse exclusivamente como un riesgo a contener. Es, sobre todo, la expresión de un dolor profundo que no se cura con paredes ni candados. Lo vemos todos los días en nuestra labor con menores en riesgo: el encierro no sana. A lo sumo, silencia. La verdadera salida pasa por fortalecer vínculos, por garantizar apoyos reales, por cuidar sin aislar”.

“La Ley 26.657 trazó un rumbo claro. El desafío hoy no es cambiar de camino, sino hacer posible ese horizonte: con políticas públicas concretas, con equipos formados, con recursos sostenidos. Con humanidad. Con compromiso”.

“Retroceder sería más que un error. Sería un fracaso moral. Un fracaso que, como siempre, pagarán quienes más necesitan que el Estado cumpla su palabra”.