asentamiento

Tras la proliferación de casos de tomas de terrenos en los últimos meses, la Suprema Corte de Justicia bonaerense limitó el accionar policial en los desalojos, al establecer un nuevo protocolo de actuación que reduce al mínimo el uso de la fuerza.

El máximo tribunal aprobó días atrás un "protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad", que relega el accionar policial a una última instancia y establece instancias de mediación que incluyen la posible relocalización del asentamiento.

La decisión se da tras la multiplicación de casos de tomas de terrenos en toda la provincia, sobre todo en las periferias de los grandes centros urbanos del Gran Buenos Aires y el interior. El fenómeno no es nuevo, pero en noviembre pasado tuvo su pico de violencia con la muerte de un hombre en Ciudad Evita, durante una toma.

Concretamente, la Corte estableció una serie de pasos para actuar frente a tomas ya concretadas, que prácticamente excluyen el uso de la fuerza pública. En primer lugar, ordena la realización de informes socio-ambientales para determinar la cantidad de personas que realizan la toma y cuántos de ellos son menores, mujeres o ancianos. También, de ser posible, la identificación de posibles instigadores.

Además, incluye una instancia de negociación para establecer la posible relocalización del asentamiento y negociar una devolución pacífica de las tierras, con la intervención de diversos organismos municipales y provinciales.

Agotadas estas instancias, el protocolo establece que la orden de desalojo deberá ser comunicada a los ocupantes "en un plazo razonable" para permitir un retiro voluntario. El aviso deberá establecer el día y una banda horaria de dos horas dentro de las cuales se realizará el procedimiento. Además, se indica que el mismo debe realizarse en horario diurno y tendrá que suspenderse en caso de tormentas.

Una vez cumplidos estos requisitos, y como última instancia, habilita el accionar policial, aunque determina que "deberá efectuarse con el mayor cuidado de la integridad física de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren". También exige la presencia de servicios de emergencia y de funcionarios para que constaten la realización del procedimiento.

En los considerandos de la resolución, la Corte señala que con este medida busca "evitar que puedan comprometerse seriamente otros derechos humanos de las personas y grupos afectados por los desalojos y que, con ello, se genere responsabilidad estatal".

Para ello se basa en un fallo de 2015, en el que se había establecido que "en temas de alta sensibilidad humana, en los que se evidencian situaciones que involucran a personas en estado de vulnerabilidad social, el obrar de los jueces de todos los fueros no puede prescindir del respeto a la dignidad de las personas".

Además, cita un pedido del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat de la provincia, un organismo creado a partir de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, promovida por el kirchnerismo durante la Gobernación de Daniel Scioli para ordenar, aún sin éxito, la caótica situación derivada de la falta de acceso a la vivienda.

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