Un grupo de magistrados del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires elevó una carta a la Suprema Corte bonaerense en la que expresan su profundo malestar por la situación salarial que atraviesa el sector, a pocos meses de que se cumplan dos décadas desde la reducción sustancial de sus remuneraciones.

En la misiva dirigida a los ministros del máximo tribunal provincial, los jueces aseguran que “la brecha salarial con sus pares de otras jurisdicciones es ostensible” y remarcan que actualmente perciben “prácticamente la mitad” del salario que cobran magistrados de otras provincias, a pesar de tener similares niveles de responsabilidad y carga laboral.

Según plantean, esta situación no solo se debe a la depreciación de la moneda, que afecta a todos los sectores asalariados, sino también a una “manipulación sistemática” del Poder Ejecutivo provincial, que durante años otorgó recomposiciones salariales diferenciadas que perjudicaron especialmente a los magistrados.

“Un juez bonaerense hoy cobra incluso menos que secretarios y otros funcionarios judiciales de provincias vecinas”, señalan los firmantes del documento.

Además, advierten que el “achatamiento salarial” dentro del propio sistema judicial de la provincia desincentiva la carrera judicial, ya que no existe una diferencia significativa entre los sueldos de jueces y otros cargos jerárquicos.

Los magistrados también cuestionan la creación de una nueva carrera judicial dispuesta por la Corte a través del Acuerdo 4093, que propone recomposiciones salariales mínimas en función de la antigüedad y la realización de cursos de capacitación. “Esta medida implica que los jueces sólo merecen mejoras si demuestran nuevos méritos, cuando la recomposición debería estar basada en el deterioro histórico e inconstitucional de nuestros haberes”, sostienen.

Asimismo, hicieron hincapié en que la independencia judicial está en riesgo, ya que el salario de los magistrados, que debería ser intangible según el artículo 110 de la Constitución Nacional, ha sido vulnerado durante años sin una respuesta firme del máximo tribunal bonaerense.

“Reclamamos una acción decidida de la Suprema Corte para exigir al Poder Ejecutivo una recomposición real, como la que recientemente se otorgó a otros sectores estatales, como los funcionarios de la ley 10.430, quienes recibieron un 115% de aumento por estar calificados profesionalmente”, remarcan.

El pedido concluye con una exigencia clara: que se tomen medidas concretas y urgentes para revertir un proceso de degradación salarial que ya lleva casi veinte años y que, aseguran, atenta contra la calidad del servicio de justicia y los principios constitucionales que rigen su labor.