No por una ordenanza, no por una concesión legal, sino por la fuerza de los hechos: los llamados “trapitos” que cobran por estacionar en la vía pública con la anuencia —explícita o silenciosa— de sectores de la policía.

El fenómeno no es nuevo ni espontáneo. Se consolidó con el tiempo, ocupando cuadras estratégicas del centro, zonas comerciales y alrededores de eventos masivos. Allí, estacionar dejó de ser un derecho para convertirse en una transacción informal, sostenida por una amenaza tácita: pagar para evitar daños.

Los cuidacoches sostienen que tienen “derecho” a cobrar por cuidar vehículos. Sin embargo, la pregunta central sigue sin respuesta: ¿quién les otorgó ese derecho?

La calle no es privada. No es un predio alquilado ni una playa habilitada. Es un bien público administrado por el Estado municipal. Cobrar por su uso sin autorización no es un trabajo informal: es una apropiación del espacio común.

Con el anuncio del reordenamiento vial —que incluye estacionamiento medido, fotomultas por infracciones y balanzas para controlar camiones— el conflicto salió a la superficie. Los trapitos exigen conservar el control de determinadas zonas, como si se tratara de un derecho adquirido. En los hechos, reclaman seguir administrando calles que nunca les pertenecieron.

El pago no compra protección, sino tranquilidad momentánea. Y esa tranquilidad se sostiene sobre una lógica extorsiva: si no pagás, el riesgo es tuyo.

Durante años, esta situación fue posible gracias a la complicidad estatal. Sin control, sin sanciones y con presencia policial que miró para otro lado, el sistema se naturalizó. El resultado es una ciudad donde el vecino paga dos veces: impuestos y peaje informal.

El reordenamiento vial no crea el problema: lo desnuda. Lo que hoy aparece como conflicto es, en realidad, el fin de una anomalía tolerada demasiado tiempo. No se discute el derecho al trabajo, sino el límite entre subsistencia y apropiación ilegal del espacio público.