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Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que desde el 27 de octubre último juzga los crímenes causados contra casi 500 víctimas en los centros conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno.

El relato de Nilda Eloy, una testigo clave en la condena del exrepresor Miguel Etchecolatz en el 2006 en La Plata y que falleció tres años atrás, volverá a ser escuchado mañana, en el juicio unificado que juzga a ese genocida y a otros 17 represores por los delitos de lesa humanidad cometidos en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar.

Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que desde el 27 de octubre último juzga los crímenes causados contra casi 500 víctimas en los centros conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, que funcionó en la Brigada de Lanús.

El Tribunal proyectará mañana, a partir de las 10, el testimonio que brindó Eloy el 22 de junio de 2006, en el proceso que se siguió al excomisario de la Policía bonaerense.

Nilda fue secuestrada a los 19 años, el 1 de octubre de 1976 en La Plata y estuvo cautiva en los centros clandestinos de La Cacha, el Pozo de Quilmes, el destacamento de Arana, el Vesubio, El Infierno y la comisaría de Valentín Alsina, tras lo cual fue "blanqueada" como prisionera y alojada en el penal de Devoto.

El testimonio de Nilda Eloy, junto al del albañil Jorge Julio López, fue clave para condenar por genocidio a Etchecolatz.

Ambas declaraciones fueron precisas porque identificaban sus sitios de cautiverio, con quiénes compartieron detención, quiénes estuvieron presentes en sus sesiones de torturas y qué delitos vieron cometer; además de identificar puntualmente en dichos centros a Etchecolatz.

El TOF 1 de La Plata, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, juzga bajo modalidad de videoconferencia -por la pandemia de coronavirus- a Etchecolatz, al exmédico policial Jorge Berges, el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart y a otros 15 represores.

Etchecolatz está imputado de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones en el Pozo de Banfield, en 116 casos.

Además, se le atribuyó a Etchecolatz "en su carácter de Director de la Dirección General de Investigaciones, haber formado parte de un aparato organizado de poder que sustrajo, retuvo y ocultó a niños y niñas menores de diez años.

Entre ellos fueron identificados María José Lavalle Lemos (hija de Mónica María Lemos de Lavalle) y Martín Ogando Montesano (hijo de Stella Maris Montesano Sánchez), quienes permanecieron detenidos ilegalmente en el Centro Clandestino de Detención Pozo de Banfield, según consta en la requisitoria de elevación a juicio.

También se le imputó a Etchecolatz el homicidio calificado por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado en perjuicio de 5 personas; y el abuso sexual con acceso carnal haciendo uso de fuerza e intimidación agravado en perjuicio de Nélida Ester Lastreto y Valeria del Mar Ramírez, la primera trans querellante en este juicio.

Por su actuación en el centro de Pozo de Quilmes, Etchecolatz deberá responder por los delitos de privación ilegal de la libertad de 93 personas.

En el caso del centro conocido como El Infierno, se le imputó el homicidio calificado de Luis Adolfo Jaramillo y la privación ilegal de la libertad de 61 personas.

En el marco del juicio unificado, donde el ministerio público estuvo representado por los fiscales Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira, los 18 imputados se negaron a ser indagados, aunque en el caso de Etchecolatz hizo uso de la palabra para descalificar la autoridad del Tribunal para juzgarlo y pedir ser sometido a un tribunal militar.

"Yo no maté, yo batí en combate, que es distinto", dijo en su momento.

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