- 17 de noviembre de 2025
El Ministerio de Seguridad bonaerense aplicó una nueva sanción millonaria contra la empresa de seguridad privada CO.DE.SE.AR. S.R.L., con domicilio declarado en avenida Calchaquí 1516, Quilmes, por prestar servicios sin habilitación.
Se trata de la segunda multa que recibe en menos de un año, luego de que en agosto de 2025 la misma firma fuera penalizada por una infracción similar.
La reciente resolución —RESO-2025-682-GDEBA-SSGRYSPMSGP, fechada el 30 de septiembre— se emitió tras el análisis de una actuación contravencional iniciada en agosto de 2022, cuando una comisión policial detectó una garita de seguridad no autorizada en Acevedo y Berutti, en Banfield, Lomas de Zamora. Allí, un vigilador que dijo trabajar para CO.DE.SE.AR. S.R.L. no tenía credencial habilitante, condición obligatoria para prestar tareas de vigilancia en la provincia.
El informe oficial determinó que la empresa se encontraba dada de baja desde diciembre de 2009, por lo que no estaba habilitada a operar. Pese a haber sido notificada, no presentó descargo ni ejerció su derecho de defensa, lo que dejó firmes los elementos del acta labrada por los funcionarios.
Tras evaluar la prueba, la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada concluyó que la firma violó el Artículo 46 inciso a) de la Ley 12.297, que prohíbe prestar servicios sin habilitación.
La sanción impuesta ahora incluye:
Multa de $42.516.963,50 (equivalente a diez vigías).
Inhabilitación por 20 años para desarrollar cualquier actividad de seguridad privada.
Cese del servicio y decomiso de los elementos utilizados, una vez firme la resolución.
En agosto de este año, la misma dependencia provincial ya había sancionado a CO.DE.SE.AR. S.R.L. con otra multa —también millonaria— por operar de forma irregular en distintos puntos del conurbano, lo que marcó el primer antecedente reciente de reincidencia.
Ahora, con esta segunda medida en apenas meses, el Ministerio de Seguridad refuerza su política de control y envía una señal directa a las empresas que siguen prestando servicios sin habilitación, una práctica que —advierten desde la cartera— pone en riesgo a los trabajadores y a la comunidad.
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