Según se supo, la causa se había iniciado hace 4 meses, cuando autoridades de la República de Bosnia y Herezgovina, que trabajaban en la denominada “Operación Nevada” cuyo objetivo era desbaratar en su totalidad la organización criminal internacional dedicada al tráfico de armas a Estados Unidos, Grecia, México y Australia, identificaron la presunta participación de un ciudadano argentino.

A partir de ese momento, las autoridades del país europeo pidieron la colaboración del Ministerio Público Fiscal de Argentina para dar con el sospechoso de ser parte de la red de traficantes de armamento y así, el Departamento Antimafia de la Policía Federal implementó una serie de tareas de inteligencia sobre el sujeto, entre ellas un seguimiento desde el aeropuerto internacional de Ezeiza a su casa en Bernal.

Una vez establecido que el sospechoso se domiciliaba en el distrito quilmeño se le dio intervención al Juzgado Federal de Quilmes que ordenó el allanamiento que se concretó la semana pasada y culminó con el secuestro de todo tipo de armamento y municiones, banderas, cascos, uniformes, bustos, libros y videos vinculados al nazismo.

El imputado, un empleado bancario de 58 años, fue indagado por el juez federal Luis Antonio Armella, a partir del arsenal y los diversos elementos hallados en su vivienda, pero se negó a declarar. Si bien pidió su excarcelación, la misma le fue denegada y aunque su defensa apeló esta decisión, por el momento permanece detenido.

La titular de la Fiscalía Federal de Quilmes, Silvia Cavallo, acusó al detenido por los siguientes delitos: “Tenencia de materiales o aparatos explosivos, inflamables o biológicamente peligrosos, sin la debida autorización legal, ni justificada por razones de uso doméstico o industrial” (con pena de 3 a 6 años de prisión); “Tenencia simple de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal” (de 6 meses a 2 años de prisión); “Tenencia simple de armas de fuego de guerra, sin la debida autorización legal”. (de 2 a 6 años de prisión); “Acopio de armas de fuego, piezas y municiones, sin la debida autorización legal” (de 4 a 10 años de prisión); “Promoción de propagandas basadas en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión u origen étnico” (de 1 mes a 3 años de prisión, según la Ley N°23.592 de actos discriminatorios); “Almacenamiento de productos provenientes de la caza furtiva o de la depredación” (de 2 meses a 2 años de prisión, según la Ley N°22.421 de conservación de la fauna).