El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4 de Quilmes volvió a aceptar un polémico pedido de la defensora oficial Irma De la Fuente: prohibir que los medios muestren los rostros de los acusados (Damián Joaquín Joel Chávez y Luis Horacio Ramos), por el asesinato a puñaladas de Carlos Alberto Rodríguez Alvarado (20) durante un robo en Ezpeleta.

La defensora insistió en que difundir sus imágenes podría ponerlos en riesgo en prisión, un argumento que el fiscal de Juicio, Claudio Pelayo no objetó. Debido a esto, el presidente del Tribunal, el juez Alberto Ojeda, admitió con reservas que, si bien "es un juicio público y la sociedad tiene derecho a estar informada de los acontecimientos", accedió al pedido de que la sociedad no pueda ver a quienes están siendo juzgados mientras continúa el proceso judicial.

El problema es que no es la primera vez: hace un año, De la Fuente logró lo mismo en el juicio por el crimen de Juan José Herrera, otro joven asesinado por su celular. 

La medida es inusual —la mayoría de los procesados son fotografiados ante la demanda de una sociedad que exige un mayor compromiso de todos los actores sociales en el combate de la inseguridad— y se reserva para casos excepcionales, como abusos infantiles donde se protege a las víctimas. Pero en este caso, no aplica. Fue un crimen que ocurrió en la vía pública y estamos ante un “Juicio Oral y Público”.

La resolución vuelve a encender el debate sobre el equilibrio entre los derechos de los acusados y el derecho de la sociedad a estar informada. Mientras el juicio por el crimen de Carlos Rodríguez Alvarado continúa, el rostro de los presuntos responsables seguirá siendo invisible para la opinión pública.