El máximo tribunal penal, en fallo dividido, descartó habilitar una nueva etapa de revisión de los procesamientos contra Francisco “Barba” Gutiérrez, ex intendente de Quilmes;  Juan Enrique Orellana, de Famaillá, Tucumán;  Francisco Durañona y Vedia, de San Antonio de Areco, y Carlos Racciatti, de Lezama.

En fallo dividido, la Casación desestimó las apelaciones al considerar que no está habilitada a intervenir porque no se trata de fallos definitivos o resoluciones que pongan fin a la investigación.

Así opinaron los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, pero la tercera integrante del tribunal, Ana María Figueroa, se había inclinado por habilitar la revisión “dada la particular circunstancia del caso en cuanto podría configurarse un supuesto de arbitrariedad de sentencia, encontrándose en juego el derecho de defensa en juicio y la garantía del debido Proceso”.

En la causa, en la que están acusados otros 40 ex intendentes y tres ex jefes de Gabinete (todos en camino al juicio oral y público) se investiga el supuesto “empleo del marco legal GIRSU para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo de las políticas ambientales estatales".

Así lo definieron el fiscal Carlos Rívolo y el difunto juez Claudio Bonadio al dictar los procesamientos, y lo confirmaron los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens. El monto de la presunta defraudación fue cuantificado en unos 600 millones de pesos.

El programa GIRSU destinaba aportes económicos del Estado Nacional para que un centenar de municipios desarrollaran sus programas de tratamientos de residuos sólidos.

Pero según Rívolo, terminó favoreciendo “el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades".