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Ya son siete los detenidos que fallecieron a causa de las graves heridas sufridas en el incendio ocurrido el jueves pasado en las celdas de la Comisaría 3ª de Esteban Echeverría, con orden judicial de clausura, en las que permanecían alojadas, más allá del plazo legal, 27 personas.

Para la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires, eran “muertes evitables”. La entidad afirmó que la Justicia ya había clausurado esos calabozos.

A consecuencia de lo sucedido en la seccional policial de Esteban Echeverría, en un comunicado, que lleva el título: ‘Crónica de Muertes Anunciadas’, la Red de Jueces Penales de la Provincia, indicó que “considera inexcusable expresar que esta nueva tragedia se produjo durante un incendio en calabozos que la Justicia había clausurado, con lo que se trata de muertes evitables y que fueron prenunciadas desde nuestra entidad en varias oportunidades.

Los jueces bonaerenses recordaron varios documentos en los que denunciaron en los últimos tres años la presencia de miles de detenidos en comisarías de la provincia de Buenos Aires que se encuentran en condiciones de hacinamiento y cuestionaron al poder Ejecutivo por el desinterés frente a la gravísima situación del sistema de encierro penal.

La Red de Jueces, a partir de esta nueva tragedia ocurrida en la Comisaría Tercera de Esteban Echeverría expresó: “Lamentamos que esas advertencias no fuesen suficientemente tenidas en cuenta. En rigor, tampoco lo fueron muchos de los profusos informes y denuncias sobre las condiciones de indignidad de las personas detenidas en dependencias policiales, incluidas las repetidas clausuras de calabozos –dispuestas por los jueces competentes y, a menudo, incumplidas por los funcionarios del gobierno bonaerense–, que los magistrados del fuero penal elevaron no sólo a las autoridades del Ministerio de Justicia, sino también a la Subsecretaría de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad de la Suprema Corte de Justicia.

“Lo sucedido en la Comisaría 3ª de Esteban Echeverría deberá ser objeto de una exhaustiva investigación judicial con el primordial objeto de deslindar las responsabilidades penales y administrativas de quienes obraron en violación a la ley y contrariaron la medida cautelar dispuesta por la Justicia de garantías de Lomas de Zamora”, sostuvieron.

En otro párrafo del comunicado de la Red, que lleva la firma de la presidente, Adriana Lucía Nanni, y del secretario, Juan Sebastián Galarreta, se destacó: “… nos vemos en el deber de decir que este tipo de tragedias ni son nuevas, ni van a dejar de repetirse, a menos que los poderes públicos –asumiendo sus obligaciones en la materia, en la medida de sus competencias funcionales– logren revertir las actuales políticas de encarcelamiento en comisarías” .

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