Investigaciones

Se investiga a doce represores por los secuestros, torturas, violaciones, apropiaciones de menores y homicidios cometidos en los centros clandestinos que funcionaron en las brigadas policiales de Quilmes, Banfield, y Lanús durante la última dictadura.

El Tribunal Oral Federal (TOF) número 1 de La Plata reanudará este miércoles las audiencias de alegatos del juicio que se sigue contra 12 represores por los secuestros, torturas, abusos sexuales y homicidios en perjuicio de 605 víctimas, 189 de ellas desaparecidas, alojadas en cuatro brigadas policiales que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar.

Se trata del juicio de la denominada causa «Brigadas», en el que se investiga a doce represores por los secuestros, torturas, violaciones, apropiaciones de menores y homicidios cometidos en los centros clandestinos que funcionaron en las brigadas policiales de Quilmes, Banfield, Lanús y San Justo durante la última dictadura.

Entre las 605 víctimas alojadas en esos centros clandestinos se cuentan los estudiantes secuestrados en el episodio conocido como «La Noche de los Lápices», un hecho emblemático en el marco del terrorismo de Estado ejercido durante la última dictadura cívico-militar.

También figuran varios niños nacidos en cautiverio -uno de ellos es el nieto 133 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, Daniel Santucho- e integrantes del colectivo travesti trans.

Por estos casos son juzgados el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la última dictadura Jaime Smart; el exmédico policial quilmeño Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos María Romero Pavón, Roberto Balmaceda, Guillermo Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Alberto Candioti, Jorge Di Pasquale, Juan Miguel Wolk, Enrique Augusto Barré y Luis Horacio Castillo.

El juicio ingresó en la etapa de alegatos el 12 de diciembre último, cuando comenzó a alegar la Unidad Fiscal Federal de Delitos de Lesa Humanidad, integrada por el fiscal general Gonzalo Miranda y la auxiliar fiscal Ana Oberlin, y luego pasó a un cuarto intermedio.

En esa oportunidad, el fiscal Gonzalo Miranda afirmó que los delitos juzgados «son crímenes de Estado, el cual actuó como una organización criminal que cometió delitos de manera sistemática y generalizada, y estos crímenes produjeron un daño inconmensurable en numerosas personas e impactó no solo en las personas que fueron secuestradas, torturadas, abusadas sexualmente, privadas de su identidad, asesinadas o desaparecidas, sino también en sus familias, amigos, amigas, vecinos y vecinas, personas con las que trabajaban y con las que se encontraban vinculadas, entre muchas otras».

Este plan sistemático de exterminio ocasionó «una onda expansiva de terror y sufrimiento que alcanzó niveles extraordinarios», indicó.

Miranda y la auxiliar fiscal Ana Oberlin detallaron los hechos sufridos por cada una de las 605 víctimas de este juicio; hasta el momento sólo describieron lo ocurrido con 335 de las 605 víctimas, por lo que tras el cuarto intermedio debido a la feria judicial, en la audiencia del 14 de febrero próximo a las 8 se retomará con el alegato fiscal y el detalle de lo padecido por las restantes víctimas.

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