- 27 de abril de 2021
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) reglamentó la aplicación de cobros por Consumos No Registrados (CNR) por parte de las empresas Edenor y Edesur en la zona metropolitana de Buenos Aires, luego de que usuarios reclamaran.
A partir de
ahora, las distribuidoras de energía "deberán notificar a la persona
usuaria con una anticipación no menor a dos días hábiles administrativos,
previa la inspección del medidor y contraste de medidor", informó el ENRE
en un comunicado.
El
organismo señaló que en caso que correspondan utilizar notas de débito o
facturas complementarias, ambas "deberán ser emitidas de forma
independiente y contener un plan de pagos con tantas cuotas mensuales como
períodos a recuperar".
Por último,
se instruyó a las concesionarias a aplicar este procedimiento sobre las notas
de débito y liquidaciones complementarias que hubieran sido emitidas por este
motivo, para que se apliquen sobre estas la nueva reglamentación.
Este
procedimiento llega luego de que en febrero pasado el ENRE ordenara a Edenor y
Edesur que dejaran de exigir el pago de CNR o suspender suministros por falta
de pago de estos conceptos, independientemente de que se hubiera generado o no
un reclamo por parte del usuario, hasta tanto no se definiera un procedimiento
para acreditar esos consumos.
"La
acreditación de tales tipos de anormalidades requiere de su comprobación real
por parte de las distribuidoras, así como la normalización de las instalaciones
donde se hubiese advertido un incorrecto funcionamiento de los medidores",
afirmó por entonces el ENRE.
Si bien las
distribuidoras pueden a emitir facturas complementarias en casos en los que los
valores de energía no hubieran sido registrados o hubieran sido medidos en exceso,
la inclusión de cargos de CNR no respetó el Reglamento de Suministro, que
establece requisitos para permitir su inclusión en la factura.
"Desde el Ente Nacional Regulador de la Electricidad continuamos trabajando con el objetivo de propender a la normalización del sector y las tarifas con el objetivo de garantizar una normal prestación de los servicios públicos, garantizando los derechos de las personas usuarias y la seguridad ciudadana", afirmó el organismo.
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