tarifazo

"Las tarifas deben ser la consecuencia de una política energética, o sea el último eslabón de una cadena de planificaciones que involucran la armonización y el crecimiento de la generación, el transporte, la distribución y el consumo, enmarcado todo en la conciencia de que la energía es un bien estratégico y no un simple commoditie", subraya el ex miembro del directorio de EDELAP y ex Director de Legales de esa empresa, el abogado especialista en marcos legales del mercado energético, Marcelo Szelagowski.

Para el letrado, que entre 1993 y 2007 fue miembro del directorio y como también Director de Legales defendió los intereses legales de la Distribuidora de Energía Eléctrica de Jurisdicción Nacional EDELAP, la Argentina es "testigo espantada" de una política tarifaria "donde lo estratégico es dejado de lado para dar lugar a un aumento de precios de la energía, en especial la eléctrica, que apunta a bajar el consumo para no sobrecargar cables y transformadores que reflejan la desinversión, a mejorar la rentabilidad empresaria de las distribuidoras y a garantizar altos salarios impuestos por un sindicato con poder y con el que el Gobierno tiene que lidiar en las negociaciones de la política laboral argentina", pero que también "esta política promueve que los entes reguladores no controlen, ni que el Ministerio de Energía intervenga eficazmente, dejando a los consumidores abandonados."

Szelagowski explica que "lejos quedaron los tiempos en que la tarifa se formaba de acuerdo a los reales contratos celebrados entre los generadores y los agentes de mercado eléctrico, entre ellos las distribuidoras, en los que Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) administraba con eficiencia y la Secretaría de Energía establecía los valores del Kwh de acuerdo a cada tarifa. Actualmente una "falsa" audiencia pública no vinculante que se realiza en fechas y lugares especialmente fijados para que no concurra ningún idóneo, pretende otorgar legalidad a una tarifa impuesta manu militari sin ningún consenso, por el simple acuerdo de generadores, distribuidores y el gobierno". 

"Es un insulto a la inteligencia fijar un escalonamiento del incremento de las tarifas con las excusas de bajar el déficit fiscal producido en parte por los subsidios y de que en Uruguay y Chile las tarifas son más altas, en un intento de 'consuelo de tontos'. Lo correcto es analizar los costos y las inversiones de las empresas para asegurar que haya costos e inversiones de calidad y no un despilfarro de los recursos y ganancias extraordinarias, garantizada desde una posición oligopólica. Hoy, el servicio paupérrimo refleja la realidad de esta ecuación mientras los organismos de control y el Ministerio de Energía miran hacia otro lado", destaca Szelagowski. 

Y agrega: "En materia energética, mataron el concepto estratégico de Servicio Público". Y sustenta esta afirmación en que "sin energía no hay progreso, y construir las condiciones para ese progreso implica planificar para un mayor consumo. Esta política deja de lado el impulso a la producción, el apoyo al desarrollo industrial y la obligación de inversión de las concesionarias para dar un servicio de excelencia."

Sin embargo aclara que "hoy vemos que el costo de la energía ahoga los presupuestos familiares, el funcionamiento de las Pymes y hasta la prestación del servicio de alumbrado al haber la Gobernado Vidal eliminado el 6 % que contractualmente se establecía en los Contratos de Concesión para las municipalidad a cambio del no pago de las tasas no retributivas de servicios, y muy por el contrario aumenta los ingresos de las empresas que no invierten pero acumulan capital para comprar otras empresas y así fortalecer la posición monopolica, hoy casi o más fuerte que la otrora SEGBA S.A.".

 

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