A continuación el comunicado difundido a la prensa: “Luego de llevadas a cabo el día 26 de febrero próximo pasado las dos desagradables Audiencias Públicas de carácter “no vinculante” y que son un mero formalismo, una relacionada con la Autopistas Buenos Aires – La Plata y la otra con el Sistema Vial Integrado del Atlántico, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires autorizó un nuevo tarifazo salvaje de peaje en las concesiones viales de jurisdicción provincial propuesto por la empresa concesionaria AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S. A.).

“El incremento en marzo será del 50 % y otro del 35 % en abril, lo que representa un 102 % acumulativo. Desde que asumió el Gobernador Kicilof, el aumento supera el 1.400 %”.

“Definitivamente se trata de un ajuste recaudatorio solo para beneficiar a la empresa AUBASA y tratar de ir cubriendo el déficit de la misma, ocasionando más perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales directo e indirectos, y a toda la sociedad en su conjunto”.

“Cabe destacar que AUBASA sólo se limita a cobrar el “falso peaje o impuesto al tránsito”, transformando las estaciones de cobro en una verdadera caja política”.

Justamente las obras que se han realizado y se realizan, no son con fondos del peaje, sino a través de aportes del Estado Provincial, Nacional o créditos del BID”.

“Año tras año, desde el inicio de las concesiones viales en la Provincia de Buenos Aires, y muy especialmente en lo que respecta al Sistema Vial Integrado del Atlántico (Autovía 2 y Ruta Provincial Interbalnearia 11 y conexas), se vienen sucediendo, sin control alguno, escandalosos tarifazos de peaje, abusivos, injustificados, carentes de considerables fundamentos técnicos-económicos”.

“Es lamentable y preocupante que esta estafa vial persista en el tiempo, favoreciendo el interés particular de la empresa “estatal” AUBASA, claramente innecesaria, burocrática, costosa y deficitaria, y que encima actúa indebidamente en forma paralela a la Dirección de Vialidad de Buenos Aires (DVBA)”.

“Un tema grave y que no es considerado, es que las concesiones viales tienen carácter de “servicio púbico”, y a pesar del tiempo transcurrido no se ha creado un Marco Regulatorio - Ente Regulador que contemple la participación de los usuarios viales directos e indirectos”. “Nunca fue considerado por los distintos gobiernos de la Provincia de Buenos Aires ni por la Legislatura bonaerense, a pesar de los reiterados pedidos llevados a cabo por parte del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV). Tampoco fue contemplado por la propia Defensoría del Pueblo de la Provincia. Es así que los usuarios viales siguen siendo esquilmados a través del cobro de un “falso peaje o impuesto al tránsito”, claramente inconstitucional e inviable. Los derechos de los usuarios viales siguen siendo pisoteados y vulnerados”.

“El régimen nefasto de falso peaje que se cobra es inconstitucional por la falta de caminos alternativos libres de pago y la doble imposición. Es inviable por el bajo caudal de tránsito e injusto por tratarse de un sistema abierto donde unos pagan y otros no de acuerdo al tramo transitado, y donde lo que se recauda se gasta en el fenomenal costo operativo de las estaciones de peaje y la empresa AUBASA, sin volcarse plata al camino”.