- 02 de mayo de 2022
La familia del subcomisario Jorge Omar Gutiérrez y sus abogadas se reunieron el viernes 29 de abril en la residencia del Embajador de Estados Unidos con Robert Allison, consejero político de la Embajada, y Austin Richardson.
Por otra
parte, ayer declararon dos hombres en el juicio por el crimen de subcomisario
quilmeño Jorge Gutiérrez, cometido en 1994, y fortalecieron la hipótesis de la
existencia de un plan para matar y posteriormente encubrir el crimen con el
objetivo de evitar que éste continuara con la investigación sobre un depósito
clandestino vinculado a la denominada «Aduana Paralela».
Se trata de
Luis Lofeudo y Darío Nefle, quienes declararon como testigos en el debate que
lleva adelante la Sala A de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata y
que tiene al excabo de la Policía Federal Argentina (PFA) Alejandro Santillán y
al exefectivo de la bonaerense Francisco Mostajo como imputados del delito de
«homicidio agravado por alevosía»
VISITA A LA
EMBAJADA DE EEUU
Por otra parte, ayer se supo que la semana pasada la familia Gutierrez, con el ex intendente, Francisco Gutiérrez, a la cabeza, se reunieron en la embajada de Estados Unidos con Robert Allison y Austin Richardson, consejero político y responsable de derechos humanos de la embajada norteamericana, respectivamente. En el encuentro se evaluó con atención la marcha del juicio y del caso.
En la reunión, el hermano de la víctima, el ex intendente de Quilmes y dirigente sindical, Francisco “Barba” Gutiérrez, expuso sobre el contexto social y político de Argentina al momento del asesinato y en particular se refirió a las investigaciones que llevaba adelante su hermano sobre un depósito fiscal lindante a la comisaría 2da de Avellaneda. Gutiérrez también explicó la importancia de la labor que realizó la Comisión Investigadora de Ilícitos de Aduana de la Cámara de Diputados de la Nación, que vinculó el asesinato de Gutiérrez con la conocida causa de la “aduana paralela”.
Por su parte, la hija y la esposa de Gutiérrez se explayaron sobre el proceso de encubrimiento que llevaron adelante la policía Federal y Bonaerense después del crimen y los actos de intimidación que sufrieron investigadores, testigos y familiares en ese marco. Finalmente, las abogadas de la familia desarrollaron acerca de cómo esperan que avance el proceso judicial.
Luego de escuchar con atención los hechos del caso relatados por la familia y sobre la lucha por la búsqueda de la verdad y la justicia durante 28 años, los funcionarios manifestaron su preocupación por lo sucedido y por el avance del proceso judicial que se está llevando a cabo en la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata Ambas partes quedaron comprometidas en seguir dialogando e intercambiando mientras continúe el proceso judicial en el marco del cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
LUIS
LOFEUDO,
TESTIGO
CLAVE
El primero
de los testigos dio detalles sobre a quién pertenecía el depósito Defisa cuya
actividad investigaba Gutiérrez y Nefle fue un joven torturado en 1994 para que
se hiciera cargo del crimen del subcomisario.
«Tuvimos
hoy (por ayer) dos testimonios muy importantes. Declaró el grupo de
investigadores, que al principio estaba a cargo del subcomisario Jorge Piazza,
posteriormente asesinado por esta investigación, y quedó claro que Gutiérrez
fue asesinado porque investigaba lo que se llamó después ´Aduana paralela´ y
uno de los investigadores identificó a los dueños del depósito», explicó Lucía
Extremera, una de las abogadas que representa a la familia de Gutiérrez.
Lofeudo, un
investigador policial, precisó que el galpón era propiedad de Ernesto Gutiérrez
Conte y Mario Grinschpun.
«Esto nos
pareció importante porque se empieza a cerrar la hipótesis de que hubo un plan
criminal para ubicar a Gutiérrez en ese tren y matarlo. Mostajo y Santillán son
los que le dan el tiro pero detrás hubo un plan criminal y de encubrimiento por
investigar el depósito fiscal lindante con la comisaría», precisó.
«También
fue importante el testimonio de otro investigador que contó que Santillán se
comunicó con él para ponerse a disposición e investigar el crimen del subcomisario.
Es decir que el mismo asesino se puso a disposición para investigar el crimen
con el único fin de buscar información», indicó la letrada.
Por este
caso, Santillán ya había sido absuelto en un primer juicio que se desarrolló en
1996 y que luego fue anulado, mientras que Mostajo estuvo prófugo de la
Justicia durante la mayor parte del proceso.
El hecho
ocurrió el 29 de agosto de 1994, cuando Gutiérrez fue encontrado muerto con un
disparo en la nuca en el vagón de un tren en la estación La Plata del ferrocarril
Roca.
Según un
comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que acompaña a la
familia de la víctima, el crimen ocurrió cuando Gutiérrez investigaba lo que
ocurría en «depósitos de mercaderías vinculados al caso de la ‘Aduana paralela’,
un resonante escándalo durante el gobierno de Carlos Menem».
Esa
madrugada, el jefe policial se retiró de la seccional y se dirigía en tren a su
casa de Quilmes cuando, a la altura de Sarandí, fue abordado por dos hombres,
uno de los cuales le efectuó el disparo que lo mató, según la pesquisa.
‘Chiquito’
Santillán, entonces cabo de la PFA, estuvo imputado como autor material del
disparo que mató a Gutiérrez, aunque fue absuelto en 1996 por la Sala Primera
de la Cámara de Apelaciones de La Plata.
En 1998, en
representación de la familia, desde el CELS se presentó el caso ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , lo que derivó en una causa
que tramitó en la Corte IDH, que, en su sentencia, emitida en 2013, declaró al
Estado argentino responsable por el derecho a la vida, a la integridad personal
y a las garantías judiciales y protección judicial a favor de Gutiérrez y de su
familia.
«En el fallo, dictaminó que había suficiente prueba para ´concluir la participación de agentes estatales en la ejecución del subcomisario, así como en la obstrucción de la investigación´», precisó el comunicado del CELS. La Corte IDH también ordenó reabrir el proceso para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato.
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