martillo

El Colegio de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires salió a plantear públicamente su preocupación por el retraso salarial y difundió el siguiente comunicado:

“1. La provincia de Buenos Aires, que tiene la mayor carga de trabajo del país, ha caído al puesto N°19 entre las 24 jurisdicciones argentinas relevadas mensualmente por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (las provincias y CABA) y se ha perdido cualquier proporcionalidad razonable con los salarios de la justicia Nacional y Federal”.

“2. Las recomposiciones salariales percibidas a la fecha no alcanzan a cubrir la inflación real, ni mucho menos saldan lo adeudado de los últimos dos años, que ha sido comprometido en documentos oficiales por el anterior Ejecutivo provincial”.

“3.A principios de año se rompió con la política de no otorgar aumentos diferenciados entre empleados y funcionarios y magistrados. Esa decisión distorsiona la pirámide salarial y la debida proporcionalidad entre obligaciones, responsabilidades y retribución”.

“4.A lo largo de toda la vigencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio el sistema de justicia provincial ha mantenido altísimos niveles de funcionamiento (como lo demuestran las estadísticas publicadas tanto por la SCBA como por la Procuración General). Eso ha sido posible porque las y los funcionarios y magistrados trabajaron con sus equipos telemáticos personales y muchos de los Colegios, Asociaciones y Uniones de magistrados y funcionarios compraron cámaras y equipamiento para poder sostener el teletrabajo. Esa misma situación fue afrontada de manera individual por integrantes del funcionariado y de la magistratura”.

“5. No se ha avanzado en la única solución estructural a esta situación, que es la autarquía financiera del Poder Judicial”.

“6. Nuestra institución ha planteado una serie de alternativas para resolver esta situación, que el Ejecutivo provincial se comprometió a analizar, sin que existan respuestas hasta el momento”.

“Es este momento, en el que la degradación de los ingresos de los operadores del sistema ha alcanzado límites preocupantes, es imprescindible que se convoque de manera inmediata a discutir la manera de terminar con esta grave afectación de los ingresos familiares y, más grave aún, del principio de Intangibilidad, de rango Constitucional”.

 

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