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Quince años después todavía hay que pagar más de 1 millón de pesos.

El histórico litigio de la empresa TUQSA (Transportadores Unidos de Quilmes Sociedad Anónima) con la Municipalidad de Quilmes parece haber ingresado en su etapa final. La intendenta, Mayra Mendoza, ordenó a fines de diciembre pagar un poco más de un millón de pesos a la firma que durante casi 35 años recogió los residuos domiciliarios en el Distrito. Este saldo corresponde a los más de 7.5 millones de pesos que la Comuna debió abonarle a la empresa como indemnización luego del juicio que llevó adelante durante casi 15 años.

Cabe mencionar que, en julio del año pasado, la gestión del ex intendente, Martiniano Molina, depositó $6.437.497 en una cuenta del Banco Provincia como pago de la sentencia. De inmediato, surgió un incidente por los intereses aplicados y el abogado de TUQSA, Carlos Gallego, reclamó un adicional de un millón de pesos más por intereses mal calculados como consecuencias de las fechas estimadas. Los letrados de la gestión Molina reconocieron la equivocación, pero la Comuna nunca liquidó la diferencia.

Se recordará que TUQSA entró en convocatoria de acreedores en el 2006 y en diciembre de ese año se le rescindió el contrato de concesión con la Comuna quilmeña que en ese entonces era gobernada por Sergio Villordo. Igualmente, ya en el 2005 la empresa había iniciado una demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 de Quilmes contra el Municipio local en reclamo del reconocimiento de mayores costos durante la concesión en el Distrito entre enero de 2002 y agosto de 2005.

El juez que lleva adelante la causa, Hugo Guarnieri, resolvió en el 2008 reconocer una indemnización de 11.2 millones de pesos más intereses a favor de la empresa TUQSA. La Comuna llevó el caso a la Cámara de Apelaciones y a la Suprema Corte de Justicia bonaerense, logrando bajar el monto del dinero a pagar a la empresa a 2.6 millones de pesos más intereses. La discusión llevó años en los ámbitos judiciales.

Recién en julio de 2019, la Comuna pagó, pero surgió una diferencia con los intereses y quedó un saldo de más de un millón de pesos que la gestión de Molina no abonó, pero que reconoció como legítimo. El gobierno de Mayra Mendoza acaba de disponer su liquidación. De todos modos, pese a la decisión de la nueva administración, la semana pasada desde el Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 se intimó oficialmente por segunda vez a la Municipalidad a depositar el dinero faltante.

Por otro lado, vale agregar que la convocatoria de TUQSA desencadenó un sinnúmero de pedidos de embargo que aún hoy se siguen notificando al Juzgado a cargo de Guarnieri, para tratar de cobrar los juicios laborales pendientes. Según consta en el expediente judicial, a fines del año pasado, en la cuenta del Banco Provincia donde el Municipio quilmeño depositó $6.437.497, quedaban 4.5 millones y había embargos pedidos por 2.4 millones de pesos.

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