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La disputa entre el Puerto Dock Sud y los municipios de Quilmes y Lanús escaló un nuevo peldaño, al confirmarse ayer que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires intervendrá en el conflicto.

La batalla judicial que enfrenta al Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud con los municipios alcanzó un nuevo nivel. El caso, que involucra cuestiones de competencia y jurisdicción, será ahora dirimido por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tras un fallo reciente que eleva el conflicto al máximo tribunal bonaerense.

El martes último (19 de noviembre de 2024), el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús resolvió hacer lugar al planteo de inhibitoria interpuesto por el Consorcio del Puerto Dock Sud. Ayer este fallo fue elevado a la Suprema Corte, ya que la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia del Departamento Judicial Lomas de Zamora, se había pronunciado sobre la cuestión de competencia a favor del Juzgado Civil y Comercial Nº3 de Avellaneda.

Un conflicto de jurisdicciones

La clave del enfrentamiento radica en la definición de cuál organismo judicial tiene la autoridad para resolver sobre la actividad portuaria y su impacto en los municipios de Quilmes y Lanús. Según el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo de Avellaneda-Lanús, corresponde que sea la Suprema Corte quien decida debido a la existencia de una contienda positiva de competencia entre magistrados de diferentes fueros.

El juez interviniente determinó que, de acuerdo con el artículo 12 del Código Procesal Civil y Comercial, los procedimientos principales deben suspenderse hasta que el máximo tribunal provincial emita su veredicto. Sin embargo, aclaró que las medidas precautorias o aquellas cuya omisión podría generar un perjuicio irreparable podrán continuar en ejecución.

Antecedentes judiciales

La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora había resuelto el pasado 30 de septiembre de 2024 sobre la competencia en el caso, lo que llevó al Juzgado de Primera Instancia a desestimar la inhibitoria presentada por su par del fuero Contencioso Administrativo. Esta decisión, junto con las actuaciones correspondientes, fueron remitidas a la Suprema Corte para resolver definitivamente sobre la cuestión planteada.

El fallo incluyó además la suspensión del trámite de las actuaciones hasta que la Suprema Corte dirima la cuestión. Este mecanismo busca evitar decisiones que puedan ser invalidadas si se determina que un tribunal era incompetente para intervenir en el caso.

Impacto del conflicto

La disputa, que incluye temas de control administrativo y económico sobre la actividad portuaria, tiene implicancias que trascienden a los municipios involucrados. Tanto Quilmes como Lanús han señalado que las operaciones del puerto afectan directamente a sus territorios y exigen una compensación para sus distritos que se deriven de la actividad.

Por su parte, el Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud defiende su autonomía y señala que su accionar se ajusta a las normativas vigentes.

 

Próximos pasos

Con el expediente ahora en manos de la Suprema Corte bonaerense, las expectativas son altas en ambas partes del conflicto. Mientras tanto, las actividades principales vinculadas a este caso permanecerán en pausa, salvo aquellas estrictamente necesarias, en cumplimiento de la normativa procesal.

La resolución del máximo tribunal podría sentar un precedente significativo para futuros conflictos de competencia entre jurisdicciones administrativas y judiciales en la provincia de Buenos Aires, en un caso que combina tensiones legales, políticas y económicas en el corazón del conurbano sur.

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