- 05 de julio de 2021
Tres jóvenes comenzaron hoy a ser juzgados por el crimen de Micaela Romero, la integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) asesinada por "motochorros" que la asaltaron el año pasado en Quilmes.
El debate
comenzó esta mañana en forma presencial ante el Tribunal de Responsabilidad
Penal Juvenil 2 quilmeño, con la declaración de testigos propuestos por las
partes acusadoras y la reproducción de las escuchas telefónicas realizadas
durante la instrucción de la causa.
Fuentes
judiciales informaron a Télam que uno de los testigos presenciales colocó a uno
de los dos acusados de 18 años –el restante tiene 17- en la escena del crimen.
Tras las
testimoniales y las escuchas, el debate pasó a un cuarto intermedio hasta
mañana cuando declarará el último testigo de las partes acusadoras y comenzarán
los propuestos por las defensas.
El debate
está previsto que continúe también el miércoles y jueves próximos, ante el
tribunal integrado por los jueces Alejandro Paccioretti, Gladys Krasuk y Analia
Consolo.
Los
imputados llegaron al juicio con prisión preventiva por pedido de la fiscal del
Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Quilmes, María Julia Botasso, quien
los acusa del delito de "homicidio en ocasión de robo doblemente
agravado".
Por su
parte, María Constante, madre de Micaela, dijo ayer a Télam que le
"sorprendió la cercanía de la fecha del juicio" y que para ella y
para su familia esto significa "cerrar una etapa de angustia
infinita".
La mujer
asistió hoy al inicio del debate y adelantó que para la última audiencia
organizará una marcha frente a los tribunales.
Constante
dijo que espera "una condena ejemplar", aunque sabe que "la
prisión perpetua acá en Argentina no existe y menos para menores".
Micaela
Romero tenía de 23 años, era madre de una nena de 2 y tenía un año de
antigüedad en la fuerza, donde se desempeñaba en la División Protección
Residencia Presidencial de Olivos y Operaciones de la PFA, aunque estaba de
licencia médica cuando fue asesinada.
Actualmente,
la hija de Micaela vive con su padre en una casa que el hombre construyó junto
a la mujer asesinada en la parte de atrás del terreno donde se ubica también la
vivienda de Constante, en el barrio Kolinos, de Quilmes.
El crimen
de Micaela fue cometido en plena pandemia por la Covid-19, cerca de las 7 de la
mañana del domingo 16 de agosto del año pasado, en el que se celebraba el Día
del Niño.
La policía,
que estaba vestida de civil y no llevaba su arma, fue junto a un amigo a
comprar cigarrillos a un comercio ubicado en calle 395 y avenida Carlos
Pellegrini, de La Cañada, Quilmes, cuando ambos fueron abordados por varios
delincuentes que iban en moto.
De acuerdo
con lo determinado luego, los asaltantes le robaron las zapatillas y el celular
al amigo de Romero y cuando Micaela se negó a entregar su teléfono se dieron
cuenta de que era policía y le efectuaron un disparo en el pecho.
"Tirale
que es cobani. Tirale que es cobani", le dijo uno de los delincuentes a
otro al momento de robo y al reconocer a Romero.
Los
investigadores dijeron que la oficial recibió un disparo a la altura del tórax,
mientras que los delincuentes alcanzaron a sacarle el celular para luego
escapar.
Tras el
ataque, Romero fue trasladada en grave estado por un grupo de vecinos al
Hospital El Cruce, de Florencio Varela, donde ingresó inconsciente y falleció a
los pocos minutos producto de la herida sufrida.
A un mes y
medio del hecho, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, se reunió en su despacho del Senado con Constante y la intendenta de
Quilmes, Mayra Mendoza, para acompañar el pedido de justicia de la familia.
Pocos días después, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, recibió a los padres de Romero y les expresó su "pesar y compromiso" por contribuir al esclarecimiento del caso.
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